La Generalitat Valenciana eliminará o modificará los criterios elegidos por los centros educativos para otorgar el punto extra que el nuevo decreto les reserva en el proceso de admisión del alumnado para el próximo curso, con la implantación del distrito escolar único, en caso de «discriminen por razón de origen, de religión o de cualquier otra circunstancia social».
Es la respuesta de la Conselleria de Educación tras la polémica suscitada a raíz de la queja que la Confederación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de la Comunidad Valenciana ‘Gonzalo Anaya’ ha presentado frente a el Síndic de Greuges. Las AMPA denuncian que algunos colegios e institutos están utilizando ese punto para primar en el cuenta a escolares por el hecho de favor nacido en la región, asistir a actividades parroquiales o que los progenitores tengan empleo.
Criterios que, como ha señalado este martes que el secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, se encuentran «en escalón de revisión» por parte de Inspección Educativa y por la Dirección Genérico de Centros y no han sido aceptados todavía. Aquellos que «pueden contravenir la norma van a ser eliminados o cambiados y no va a favor absolutamente ningún problema», ha protegido, al tiempo que ha insistido en que el proceso «va a ser muy transparente», tanto en centros manifiesto como en privados concertados.
Entre otros ejemplos, el secretario autonómico ha explicado que hay que acotar «cuestiones relacionadas con el parentesco con los antiguos alumnos» porque «se extendía a familiares que hubieran cursado los estudios en centros del mismo titular, pero en otros lugares» o se primaba «al que solicitaba la enseñanza en valenciano».
Desde la confederación ‘Gonzalo Anaya’ no dan por buenas estas explicaciones, que califican de «maquillaje», e instan a aplicar el criterio de proximidad para evitar la «segregación escolar» a la que, aseveran, lleva el distrito único. Su propuesta de necesidad de cara al próximo curso es que «se elimine la circunstancia específica en la admisión y se aplique el desempate por verso, habilitada en la orden y el decreto».
En paralelo, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Burócrata del Tribunal Superior de Razón de la Comunitat Valenciana (TSJCV) admitió a trámite, el pasado 29 de mayo, el petición interpuesto por diputados autonómicos de Compromís contra este decreto de admisión -que consideran «racista y segregador»- y dio nueve días a la Generalitat para personarse. El PSPV-PSOE incluso ha reclamado al Gobierno de PP y Vox que retire unos criterios «que van contra la igualdad de oportunidades».