La titular del Tribunal de Instrucción número 18 de Sevilla, María José Pardo, ha regular la averiguación del paradero de Vito Quiles, afamado en su día presidente de prensa de Alvise Pérez y que concurrió como candidato en su inventario a las últimas elecciones europeas, porque no ha conseguido localizarle en ningún de los domicilios que le constan y siquiera por teléfono para que preste comunicación en una causa por injurias y calumnias.
En un utilitario al que tuvo comunicación torrevieja news today, la instructora, que le tiene por investigado en las diligencias abiertas tras una querella del secretario caudillo de la asociación de consumidores FACUA, Rubén Sánchez, razona que «no ha podido ser citado frente a este Tribunal en el domicilio designado en la presente causa, ni en ningunos de los que le consta en la consulta integral de domicilio del Punto Neutro Jurídico» y «siquiera se ha podido contactar telefónicamente con el mismo».
A renglón seguido, la instructora señala que eso «supone que dicho investigado intenta sustraerse de la influencia de la honestidad, por lo que, de conformidad con lo establecido en los artículos 512 a 515, 791.4 y 835 y siguientes de la Ley de Apreciación Criminal,procede adoptar como medida cautelar su detención y presentación frente a este Tribunal», si aceptablemente fuentes oficiales del Tribunal Superior de Jurisprudencia de Andalucía han aclarado que se manejo de un error que va a ser subsanado en otra resolución. No ordena por consiguiente detenerle, sino vigilar su paradero.
Decreta así «la averiguación de paradero del investigado», que se encontraba en el Congreso de los Diputados ejerciendo como periodista pese a su adhesión a una inventario electoral -lo que ha motivado precisamente este miércoles un comunicado de queja de la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP)-, cuando ha trascendido la resolución, fechada el pasado 27 de mayo.
La querella lo es por calumnias y se dirige tanto contra Quiles como contra el espacio Estado de Sorpresa (EDA TV) por las afirmaciones vertidas sobre Rubén Sánchez, quien acudió a los tribunales para denunciar que le había acentuado de «extorsiones, estafas y amenazas de crimen e incluso ha deslizado que es un pederasta». El relato del querellante recogía por otra parte que Quiles le señaló asegurando que dirigía una «mafia mediática con sicarios que amenazan y extorsionan».
«Cuesta un mundo notificarles», dice Puente
Quiles, corresponsal parlamentario de EDA TV, propiedad del periodista Javier Negre, fue uno de los fichajes ‘destino’ de Alvise Pérez a los comicios europeos del 9J. Quiles concurrió como numero 57 en las inventario de Se Acabó la Fiesta (SALF) y tomó la dirección de las labores de comunicación de la agrupación de electores. Una posición política que ha motivado la queja de la APP, con el apoyo de la Unión de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y la Asociación de Prensa de Madrid (APM).
«Desde la Asociación de Periodistas Parlamentarios expresamos nuestra disconformidad y rechazo frente a el hecho de que personas vinculadas a partidos políticos, coaliciones o formaciones que se presentan a las elecciones ejerzan de periodistas en los espacios que el Congreso de los Diputados y el Senado tienen destinados al examen de la profesión», han expuesto en un comunicado.
El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha reaccionado en sus redes sociales a la petición de retirada de la credencial de Quiles en el Congreso. «Poco me decía que sería una de sus últimas actuaciones en el parlamento», ha comentado en relación a una interacción con el reportero, ayer, en los pasillos de la Cámara Desvaloración, donde este miércoles se ha producido una tensa discusión entre un peña de periodistas y los servicios de prensa del Congreso.
El titular de la cartera de Transportes se ha referido todavía a la orden de la jueza de vigilar el paradero de Quiles. «Una de las dificultades de meterles mano con acciones judiciales es que que viven como forajidos; cuesta un mundo notificarles», ha reprochado Puente en su cuenta de X (ayer Twitter), donde ha mencionado por otra parte al líder de SALF, al que llevó a los tribunales en 2021 posteriormente de que Alvise compartiera varias fotografías del entonces corregidor de Valladolid conduciendo un transporte de ingreso abanico, propiedad de un peña empresarial, acusándolo de corrupto. Finalmente, la Jurisprudencia desestimó las querellas de Puente.