El Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) Este viernes ha presentado alegaciones ante la Consejería de Educación de la Generalitat de Cataluña contra el decreto educativo que regula el uso lingüístico, anunciado en julio, y ha solicitado su retirada “ante la evidencia de que es claramente inconstitucional y una norma con perfiles totalitarios, así lo informó la entidad este sábado, anunciando además que las alegaciones y el proyecto serán entregados a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, que prevé examinar el sistema catalán, con el objetivo de que “se tengan en cuenta antes la próxima misión a Cataluña de esta institución.
A juicio de la entidad que preside Ana Losada, El proyecto de decreto es “notoriamente inconstitucional” a la luz de la doctrina jurídica consolidada por el Tribunal Constitucional. Este proyecto de decreto “rompe expresamente el patrón constitucional de igualdad estructural de las lenguas cooficiales al excluir el carácter oficial y, por tanto, vehicular del español, y establecer las condiciones específicas de preferencia exclusiva del catalán en las normas reguladoras sobre el uso de la lengua cooficial”. -Lenguas oficiales y proyectos lingüísticos”, afirmó la AEB.
Entre otras razones esgrimidas por esta entidad, el decreto “impone de plano monolingüismo catalán con evidente exclusión del español y utiliza la lengua como herramienta de exclusión con el objetivo de levantar barreras lingüísticas que dificulten la movilidad de trabajadores y familias.
Asimismo, “impone la inmersión obligatoria en catalán a los estudiantes de habla hispana y vulnera el derecho de los profesores al uso vehicular de la lengua española, y establece el catalán (a excepción del aranés en Aran) como sólo lenguaje vehicular, única lengua de aprendizaje de las materias no lingüísticas, única lengua de comunicación interna de la comunidad educativa, única lengua de comunicación con las familias de los estudiantes (incluso prevé el uso de servicios de traducción para evitar cambios de idioma), única lengua de documentación y etiquetado de los espacios institucionales, lengua única de recepción del alumnado de nuevo ingreso cuando acceden a segundo ciclo de Educación Infantil y Primaria, y lengua única de las pruebas de evaluación”, según analiza la AEB.
En definitiva, el español sigue siendo “reducido” al uso de una lengua extranjera. Pero la entidad también ha lamentado que esta norma supone un “control político” en los centros escolares, para alumnos y profesores; Excede las competencias de la Generalitat para el acceso a la función docente en materia lingüística y, también, pone fin a la autonomía del centro, para quienes quieren revertir el monolingüismo exclusivamente en catalán.
SCC: es una restricción grave a un derecho constitucional
También ha presentado denuncias Sociedad Civil Catalana (SCC) “por restringir seriamente el derecho constitucional a utilizar el español”. Según informó la entidad que preside Elda Mata, El decreto lingüístico es “claramente inconstitucional”. SCC entiende, a partir de las diferentes sentencias judiciales firmadas a lo largo de los años, que “la competencia estatutaria para atribuir a la lengua de Cataluña la condición de vehículo no puede ejercerse en términos de exclusividad o preferencia, ya que afectaría a la posición del castellano en de manera inconstitucional al poner en peligro el derecho a utilizarlo y el cumplimiento del deber de conocerlo.
Para esta asociación, el proyecto de decreto supone una “violación flagrante” del artículo 3 de la Constitución, que establece que todos los españoles tienen el deber de saber español y el derecho a utilizarlo, independientemente de en qué comunidad autónoma residan. El modelo lingüístico que el Gobierno nacionalista pretende implantar en Cataluña no respeta la protección jurídica que la garantía de cooficialidad garantiza al castellano y, además de restringir gravemente el derecho constitucional a su uso, impediría el cumplimiento constitucional del deber de conocer la lengua española”, han señalado desde SCC.
Así, a juicio de la entidad, “la diversidad lingüística en las autonomías con lengua cooficial es una riqueza que hay que proteger y fomentar, pero sin crear divisiones y segregaciones innecesarias basadas en el uso de una determinada lengua materna” y “limitar el aprendizaje y dominio de los estudiantes de la lengua común de España, como pretende el proyecto, tendrá un impacto extraordinariamente negativo sobre la educación en Cataluña.