El sector de Salubridad de UGT Serveis Públics de la Comunidad Valenciana ha vuelto a exigir a la Conselleria de Sanidad que «cumpla con los tribunales» y reclasifique de la categoría C2 a C1 los puestos de trabajo del personal técnico de Emergencias Sanitarias (TES) del Samu.
Esta reclasificación, que implica una prosperidad de las retribuciones de este colectivo, sigue irresoluto a pesar de las sentencias favorables del Tribunal Superior de Razón de la Comunidad Valenciana y del Tribunal Supremo.
El proceso afecta a un total de 60 trabajadores del Samu, a quienes les corresponde una prosperidad de sus retribuciones de rodeando de 250 euros al mes. El conflicto contencioso se arrastra desde hace abriles con sucesivas resoluciones a protección del colectivo y recientemente el TSJCV ha vuelto a emitir un resolución en el que insta a la Conselleria a cumplir con la reclasificación.
El conflicto contencioso sigue desde hace nueve abriles «sin que la Conselleria de Sanidad haya entregado una opción», afirma el sindicato. En el año 2014 un colección de técnicos de Emergencias Sanitarias (TES) del Samu de Alicante llevó a la judicatura a la Conselleria de Sanidad por una mala clasificación de los puestos de trabajo en el Decreto 70/2013 del Consell. Un año luego, el Auditoría Contencioso Funcionario N.º 5 de Valencia dio la razón a este colección de profesionales y sentenció que la Oficina de Sanidad debía reclasificarlos del C2 al C1 y abonar los deuda por el impago.
Sin confiscación, la Conselleria recurrió delante el TSJCV y en enero de 2019 la sala volvió a dar la razón a los recurrentes del SAMU. Pese a ello, la Conselleria recurrió delante el Tribunal Supremo que, a su vez, volvió a dar la razón a los trabajadores. En diciembre del 2020 la sentencia se hizo firme. Pese a la firmeza del resolución, la Conselleria no ejecutó la sentencia, lo que obligó a los recurrentes a solicitar la ejecución forzosa del resolución del Supremo.
En julio de 2023 un supremo de Alicante requirió a la Conselleria para que aplicara la sentencia. En su intento de sortear las sucesivas resoluciones judiciales, la Conselleria de Sanidad manifestó su inconformidad con la sentencia de ejecución y recurrió al Tribunal Superior de Razón de la CV. Ahora, en un fresco resolución, este tribunal ha desestimado el solicitud de la Generalitat e insta a la ejecución de sentencia del 31 de julio de 2023.
La sentencia dio pie a que varios trabajadores iniciaran el correspondiente proceso burócrata para ser reclasificados de C2 a C1 como indica la sentencia, pero «la Conselleria de Sanidad, en emplazamiento de cumplir con las sentencias, ha obligado a estas personas a emprender una nueva singladura contencioso con resultado desigual. De hecho, delante unos mismos criterios y situaciones, se han entregado resoluciones distintas a protección y en contra de las pretensiones del colectivo».
Este sindicato, por otra parte, tiene constancia de sentencias favorables del TSJCV que «la Conselleria de Sanidad no ha cumplido», lo que ha obligado a las personas afectadas a iniciar de nuevo los procesos judiciales para las ejecuciones de sentencias.
UGT exige a la Conselleria de Sanidad que cumpla las sentencias judiciales y siga el criterio del Supremo y reclasifique al C1 a todos los técnicos y técnicas de Emergencias Sanitarias y lamenta que, a pesar del pronunciamiento de los tribunales, se condene a este personal a un martirio contencioso injustificado.