En España, cada vez son más los propietarios que se enfrentan la desesperación y el desgaste emocional y crematístico que supone la okupación ilegal de sus viviendas. Un aberración que afecta a personas que, tras abriles de trabajo y esfuerzo, han invertido en una vivienda con la esperanza de reforzar su futuro y el de sus seres queridos. Sin requisa, la desliz de una respuesta elocuente por parte del Gobierno agrava una situación ya de por sí compleja. Aunque en 2023 la okupación sufrió un descenso del 8,8% respecto al año preliminar, se registraron 15.289 infracciones penales relacionadas con la usurpación o el nivelación de inmuebles, un número que refleja una problemática que afecta a miles de familias en España. Uno de estos casos es el de Anabel, una propietaria navarra que compró una segunda vivienda con el objetivo de obtener ingresos adicionales que le permitieran prejubilarse y disfrutar de la vida anejo a su consorte. Sin requisa, a sus 62 abriles, Anabel no solo no ha podido retirarse anticipadamente oportuno a la okupación de su propiedad, sino que se ha conocido obligada a trabajar en dos empleos para salir a fin de mes.
«Nos hemos dedicado a trabajar toda la vida, hemos contribuido a que este país salga delante, y no hay derecho a que nuestros últimos abriles los pasemos así», declara Anabel en una entrevista concedida al software ‘En boca de todos’, revelando que la situación no solo les ha causado problemas económicos, sino asimismo de lozanía. «Estamos en tratamiento psiquiátrico y de verdad que ya no podemos más», añade.
Como muchos otros propietarios desesperados, Anabel ha buscado ayuda a través de la Plataforma de Afectados por la Ocupación. No obstante, los okupas, que cuentan con un mensaje de vulnerabilidad, se resisten a descuidar la vivienda tras cuatro abriles sin sufragar, pese a las múltiples facilidades ofrecidas por Anabel y su consorte, como perdonarles la deuda, buscarles una vivienda más económica y hasta ofrecerse a sufragar la fianza y el primer mes de inquilinato. «Es más sencillo alistarse a la rueda de las ayudas y existir de las rentas, y esto hay que cortarlo como sea», manifiesta Anabel.
La pesadilla de Anabel comenzó a finales de 2018, cuando decidió traspasar su calle en Pamplona a una pareja de inmigrantes que presentaron un entendimiento de trabajo. Al principio, los pagos fueron puntuales, pero con la aparición de la pandemia, los problemas comenzaron. Conscientes de la situación, Anabel y su consorte ofrecieron flexibilidad en los pagos a los inquilinos, pero eventualmente dejaron de sufragar por completo.
Amparados por la estatuto actual
A pesar de intentar resolver el problema amistosamente, Anabel y su consorte no tuvieron más remedio que sobrellevar el caso a sumario. En enero de 2023 se celebró el sumario y en mayo debería haberse producido el desahucio. Sin requisa, alegando vulnerabilidad por tener dos niños pequeños y, supuestamente, no tener trabajo, los okupas lograron frenar el desalojo. Una situación que se repitió en octubre y diciembre del mismo año. «Como el Gobierno ha ido alargando el decreto antidesahucios, es inverosímil echarles y, mientras tanto, somos nosotros los que les mantenemos desde hace casi cuatro abriles», denuncia Anabel.
Frente a la desliz de alternativas, Anabel intenta descubrir por sus propios medios si sus inquilinos efectivamente son vulnerables o si trabajan de forma ilícita. «Tenemos sospechas de que ganan billete empadronando a muchedumbre en mi calle, pero todavía estamos intentando demostrarlo. Lo que está claro es que si no trabajan es porque no quieren, porque aquí en Navarra es inverosímil que no encuentren poco. Es que no me lo creo, porque, al beneficio de otros trabajos más cualificados, aquí hay mucho temporero, se puede trabajar en conserveras… Hay trabajo. Y si no, siempre se puede cuidar a muchedumbre anciano o trabajar limpiando casas, pero claro, es mucho más sencillo existir así», concluye.
«Como el Gobierno ha ido alargando el decreto antidesahucios, es inverosímil echarles y, mientras tanto, somos nosotros los que les mantenemos desde hace casi cuatro abriles»
Anabel
Afectada por la okupación
Tras abriles de lucha, la desesperación de Anabel es palpable. «Alquilamos el calle para poder jubilarnos ayer y ahora mismo tengo que trabajar en dos sitios para salir a fin de mes. Tengo que hacer frente a dos hipotecas, y no solo no puedo retirarme, sino que no podemos ni pensar en holganza ni ayudar a nuestras hijas», lamenta. Por otra parte, «mi marido tiene 80 abriles y está desquiciado. Estamos en tratamiento psiquiátrico. Vivimos crisis de ansiedad, apatía, desidia, angustia… No hay derecho a que el final de su vida sea este», enfatiza la propietaria afectada por los okupas.
Por extremo, Anabel critica la encargo del Gobierno, que, en su opinión, ha creado una ley social que en verdad perjudica a los particulares. «Esta situación la ha generado el Gobierno. Han hecho una ley social para ayudar a ciertas personas, pero, en verdad, el peso de la ayuda recae sobre los propietarios que tenemos un calle», concluye Anabel, pidiendo al Ejecutante que derogue el decreto antidesahucios y cambie una estatuto que perjudica a quienes han contribuido al progreso del país.