Un día a posteriori de la entrada en vigor el martes de la ley de Perdón, el PP envió una carta de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, para solicitar que actúe para hacer frente a esta constitución que, según entienden, «ataca los principios del Estado de derecho». No se conoce reacción alguna de la alemana, que necesita a Pedro Sánchez para intentar renovar su cargo, pero desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid confían en que, una vez se analice el texto, la Comisión entienda «que va en contra del propio ordenamiento procesal europeo».
El maestro de Presidencia, Jurisprudencia y Filial Restringido de la Comunidad de Madrid, Miguel Garbo García, reaccionó así a la información publicada ayer por este diario, en la que avanzó que Bruselas no dará ningún paso en la mediación ni hará pública ninguna opinión sobre la polémica ley antaño de que se haya aclarado la osadía de renovar el mandato de Von der Leyen, según indicaron fuentes del Ejecutor comunitario a torrevieja news today.
El silencio de la mandataria contrasta con la postura que, hasta ahora, había recogido la propia UE con respecto a la perdón. En septiembre de 2023, cuando la ley todavía era un esquema, el comisario de Jurisprudencia, Didier Reynders, se dirigió al ministro Bolaños indicándole sus «serias preocupaciones» por la tramitación de la norma. La posición oficial era la de no emitir una opinión formal sobre su compatibilidad con el derecho europeo hasta que no se aprobara la ley. Ahora, una vez en vigor y pese a la carta enviada por Dolors Montserrat, candidata en las elecciones europeas y vicepresidenta del conjunto del PPE, Europa se mantiene al beneficio.
A través de esa misiva, el partido de Alberto Núñez Feijóo instó a la Comisión Europea a que «comprenda la formalidad de la situación y las implicaciones» de la norma. Monserrat advirtió de la intenciones que, a su inteligencia, tiene el presidente del Gobierno con la ley de Perdón. «Sólo rastreo borrar los delitos (incluidos los de corrupción o terrorismo) a otros políticos a cambio de permanecer en el poder», señaló en la carta, en la que recordó, por otra parte, los ‘cambios de opinión’ (con en su día insistía Sánchez) del líder del Ejecutor sobre la constitucionalidad de la perdón. «No entra en la constitución y en la Constitución española», decía en noviembre de 2022; una postura que modificó menos de un año a posteriori, tras las elecciones del 23J y la exigencia de pactar con ERC y Junts un nuevo Gobierno de coalición. «Cataluña está cinta para el recuentro total», asumió ya en octubre del pasado año, días antaño de su investidura.
La Comunidad de Madrid retoma ahora la petición del PP y aprieta a Von der Leyen para que mueva ficha con la perdón. «Estoy convencido de que la ley no tiene un pase en Europa, igual que no lo tiene en España», incidió ayer el maestro de Presidencia y Jurisprudencia del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. En el PP consideran que esta norma supone un ataque a los principios del Estado de Derecho, no sólo en España, sino en toda la Unión Europea. «Es la ley más corrupta de la democracia», criticó García.
«Aquellos que quieren que perdamos toda esperanza no pueden desaguarse con la suya. Debemos tener confianza en las instituciones españolas y europeas», reiteró el maestro madrileño. Desde el unidad de Jurisprudencia europeo indicaron esta semana, tal y como informó torrevieja news today, que «la Comisión continúa siguiendo muy de cerca la desarrollo de la situación y está en contacto con las autoridades españolas sobre esta cuestión». El entraña ejecutor de la UE está ahora analizando la ley de Perdón, si acertadamente es difícil que se produzca un pronunciamiento antaño del designación de Von der Leyen.
En cualquier caso, la Comunidad de Madrid deposita su confianza en las instituciones europeas para que paralice la medida de donosura a los procesados Carles Puigdemont, Toni Comín y Lluis Puig, por un banda, y los condenados por sentencia firme Junqueras, Turull, Romeva y Bassa, por otro. En el Ejecutor de Ayuso esperan que la Comisión que salga a posteriori del proceso electoral del 9J, una vez analice el texto, «entienda que va en contra del propio ordenamiento procesal europeo» y que sea «parada no solo por los tribunales, sino por las propias instituciones».