Cmo Podemos e IU consumaron la “voladura” de la izquierda andaluza con la ayuda inconstitucional del Parlamento


La purga orquestada por Podemos e Izquierda Unida contra Teresa Rodríguez y otros ocho diputados de la izquierda andaluza en el otoño de 2020 encontró inesperados aliados de conveniencia en el resto de partidos de la Cámara autonómica. Por circunstancias ajenas a la guerra interna que se abrió en el grupo parlamentario de Delantero Andalucía (donde entonces se integraban IU y Podemos), tanto el PSOE como Los ciudadanos, y también -aunque en menor medida- al PP y Vox. Les convenía amarrar a los diputados más disruptivos de la legislatura, que acabó forjando una alianza antinatural que, con la coartada de la lucha contra el transfuguismo, cercenaba los derechos constitucionales de los parlamentarios represalias y de los electores a quienes representaban. como dictaminó el Tribunal Constitucional esta semana.

El diputado de Adelante Andalucía José Ignacio García Este miércoles ha definido la operación como una “explotación de la izquierda andaluza”, orquestada por Podemos e Izquierda Unida para deshacerse de Teresa Rodríguez, con la complicidad interesada del resto de grupos de la Cámara.

Aquella operación no sólo sirvió para quitarle los derechos a nueve diputados (dos más también abandonaron posteriormente el grupo de origen de forma voluntaria) sino que ha dejado un reguero de supuesta inconstitucionalidad en la reforma expresa del Parlamento que se llevó a cabo posteriormente para dar un poder casi absoluto a la dirección de los partidos en el control de los grupos parlamentarios.

De la ruptura “amistosa” a la purga

La dirección de Podemos, todavía en manos de Pablo Iglesias, está urgida de hacerse con el control de la organización en Andalucía en 2020 tras la marcha de Teresa Rodríguez, que había sido su líder y referente electoral hasta entonces. Aunque la ruptura se presentó inicialmente de forma “amistosa”, pronto salieron a la luz las tensiones internas, dado que la principal fuente de financiación de los partidos políticos procede de las ayudas que reciben los grupos parlamentarios. Teresa Rodríguez siguió controlando la subvención del Parlamento, que debería repartirse proporcionalmente con los diputados de Izquierda Unida (6), también entonces integrados en el grupo Adelante Andaluca. En total, el grupo disponía de 2 millones de euros al año para contratar personal y financiar gastos de explotación.

En paralelo, creció el malestar por la actitud beligerante de los diputados de Teresa Rodríguez contra el pacto de coalición que Unidas Podemos había firmado con el PSOE de Pedro Sánchez. Era, por tanto, imperativo que IU y Podemos intervinieran también en el contenido de los mensajes. La guerra por el dinero y el control del redes sociales Se hizo público aquel verano y explotó cuando la portavoz adjunta del grupo parlamentario, Inmaculada Nieto (IU), tomó temporalmente las riendas durante la baja por maternidad de Teresa Rodríguez. Nieto lanzó la maniobra de expulsión, afirmando en carta dirigida al Mesa del Parlamento el siguiente argumento: Si Teresa Rodríguez había abandonado Podemos sin dejar su expediente de diputada, había que tratarla como a una traidora, por lo que su expulsión del grupo parlamentario era procedente. La suya y la de ocho diputados más que tampoco estaban ya en Podemos.

La Mesa del Parlament concretó la expulsión a pesar de las muchas dudas que planteaba la operación (durante todo el proceso, con más de un voto, el PP acabó absteniéndose y otros votaron por obediencia a la dirección de su partido y lo hicieron saber) y a pesar de la hecho de que los abogados emitieron varios informes advirtiendo de la posible vulneración de derechos constitucionales, además de su difícil encaje en el Reglamento del Parlamento.

El partido que más interés mostró en la expulsión, además de IU, fue el PSOE, que vio en Teresa Rodríguez una amenaza a la imagen del Gobierno de coalición que acababa de nacer, ya que la diputada de Cádiz siempre había incumplido los pactos con los socialistas. “No vamos a ser La muleta de la vejez del PSOE“, había repetido hasta la saciedad el líder de Adelante. El PSOE andaluz sabía que si el principal partido de su izquierda seguía liderado por el líder de los Anticapitalistas, nunca encontraría en él el aliado que necesitaba para recuperar el poder de la Junta de Andalucía. .

Fue entonces cuando se aceleró el trabajo en una nueva versión del Pacto Nacional Antitransfuguismo, redefiniendo el perfil del renegado para que el caso de Teresa Rodríguez encajara como un guante en esa definición.

Ciudadanos contribuyó a este refuerzo de las medidas de control de los aparatos partidistas dado que su debacle empezaba a ser una realidad y se temía una derrota de los cargos electos como la que se produjo posteriormente. Había que detener a los descarriados y establecer medidas de contención.

Disidente o fugitivo

El documento redactado por los partidos firmantes del Pacto Antitransfuguismo prácticamente equiparaba al disidente con el traidor. Y este modelo de control del aparato del partido sobre la actividad y medios de los grupos parlamentarios fue trasladado al Reglamento del Parlamento en una reforma expresa que serviría para dar legalidad a lo que ya se había aplicado de forma muy sumaria a los diputados. de Teresa Rodríguez, despojándolos de sus derechos como parlamentarios y condenándolos a la categoría de “diputados no inscritos” en la Cámara Autonómica.

Curiosamente, el Partido Popular ha acogido posteriormente en su organización y colocado a decenas de funcionarios de Ciudadanos en puestos institucionales sin que el Pacto Antitransfuguismo que ayudaba a reforzar hubiera representado ningún tipo de restricción. De hecho, Marta BosquetQuien preside el Parlamento andaluz y, por tanto, la Junta que llevó a cabo la expulsión de los diputados de Adelante Andalucía por dar la espalda, es hoy presidente del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria y Pesquera, designado por el Gobierno de Juanma Moreno.

Él Corte Constitucional ha admitido el recurso de amparo presentado por los nueve diputados de Adelante Andalucía y considera que la expulsión vulnera sus derechos como representantes electos de la ciudadanía, además de contravenir el Reglamento de la Cámara. Entre otras cuestiones, el TC recuerda que existe jurisprudencia que deja claro que los partidos políticos son entidades distintas de los grupos parlamentarios y, por tanto, la expulsión de un partido no es suficiente para que se produzca una separación forzosa del grupo parlamentario. Una identificación que la reforma de la normativa consagra y, por tanto, podría considerarse igualmente inconstitucional.

Como se sabe, tras una pelea con IU y Podemos, Teresa Rodríguez logró mantener la marca Adelante Andaluca y se presentó de nuevo a la Elecciones 2022 bajo esas siglas, obteniendo dos diputados. Al cabo de unos meses dejó su expediente y volvió a su puesto docente en un instituto de secundaria de Cádiz.

Piden la renuncia de Inmaculada Nieto

Quienes hoy representan a Adelante Andalucía en el Parlamento de Andalucía son José Ignacio García y Maribel Mora, que este miércoles pidieron al Parlamento una reparación para los diputados cuyos derechos fueron coartados “injusta, antidemocrática e ilegalmente”. “Ellos buscaron muerte civil de Teresa Rodríguez y ni siquiera les importó que eso supusiera el despido de 20 trabajadores del grupo parlamentario.

José Ignacio García pidió expresamente la dimisión de la diputada de IU Inmaculada Nieto (hoy portavoz de Por Andalucía), a quien considera ejecutora de la purga interna. “La portavoz de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, está inhabilitada políticamente y debería dimitir porque fue la responsable de la voladura de la izquierda andaluza”, ha afirmado.

La propia Teresa Rodríguez regresó al Parlamento para anunciar su intención de informe por prevaricación a los miembros de la Mesa del Parlamento que aprobaron la expulsión contra el criterio de los abogados del Parlamento.

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