El asesor de Medio Medio ambiente, Vivienda y Distribución del Circunscripción, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha anunciado dos millones de euros en ayudas para Cáritas, Cuz Roja y la Fundación Intras para el suscripción del arrendamiento a personas «en aventura de sinhogarismo». Suárez-Quiñones y el presidente del CES de Castilla y Audaz, Enrique Cabero, han inaugurado en la sede de la institución propia en Valladolid, una Viaje sobre omisión residencial organizada por estas organizaciones, en colaboración con la Unión.
Una cita en la que el asesor ha relatado las iniciativas con las que cuenta su sección frente a ese aventura, que calificó como «muy relevantes». La trayecto «más específica, ha dicho, es la que reciben Cáritas, Cuz Roja y la Fundación Intras, que el año pasado contaron con 605.000 euros para encajar a esas personas en aventura de no tener hogar, informa Ical.
Unos apoyos que se ampliarán a dos millones y que representan una ayuda para sufragar a estas personas el 100 por ciento de la renta mensual, con un techo de 600 euros, y la totalidad de los gastos que conlleva la vivienda hasta 200 euros. Unas partidas para dar cobertura a «ese hornacina de personas» que reflejan «un aventura evidente, una situación auténtico» en la Comunidad.
Juan Carlos Suárez-Quiñones ha destacado que la vivienda es poco «imprescindible» para un tesina de vida pero en el caso de las personas en omisión social, «es poco más, es la colchoneta fundamental para su integración y poder consolidar una vida digna».
Más allá de ese colectivo, el asesor ha remarcado las políticas de vivienda de la Unión para personas vulnerables y ha recordado los 41 millones en ayudas al arrendamiento resueltas este mes. De esos, constató, los jóvenes, «un sector muy desvalido», reciben 12,6 millones. El asesor ha adherido que incluso existen otros programas para colectivos especialmente vulnerables, como las personas que han tenido una pérdida repentina de ingresos del 20 por ciento y el coste del arrendamiento y de la vivienda les supone más del 30 por ciento de sus rentas. Ha aseverado que cuentan incluso con ayudas específicas para las personas que se quedan sin hogar por una sentencia de divorcio, separación o inútil.
Juan Carlos Suárez-Quiñones ha subrayado incluso que el 43 por ciento de las ayudas al arrendamiento va a personas con menos de 600 euros de ingresos mensuales.
Asimismo, el asesor de Medio Medio ambiente, Vivienda y Distribución del Circunscripción ha sumado a estos apoyos incluso, las actuaciones de rehabilitación en servicio de personas vulnerables, en los barrios más desfavorecidos, como las obras en áreas de regeneración urbana. Al respecto, ha remarcado, en declaraciones recogidas por Ical, que el Ejecutante regional dispone de 166 millones de fondos europeos en esta materia, y en estos abriles invertirá en torno a 500 millones en rehabilitación para «dar accesibilidad, eficiencia energética, más dignidad, seguridad a las viviendas y, luego, a las zonas especialmente vulnerables».
Asimismo, se ha referido a los programas específicos con los ayuntamientos para la matanza del chabolismo; y al parque conocido de arrendamiento social, que «crece», pasará de 2.600 a 4.500 viviendas al final de la tiempo, y pretende dar alternativa a situaciones de omisión o aventura, asignando viviendas a unos precios «testimoniales».
Por su parte, el presidente del CES de Castilla y Audaz, Enrique Cabero, ha expuesto que para esta institución propia la vivienda constituye un «asunto prioritario» y apuntó al artículo 47 de la Constitución, donde se recoge como un derecho de todos. Ha trasladado, encima, que se tráfico de un «derecho multiplicador» que evita la omisión social, porque, razonó, «supone la plataforma» para el control de otros muchos, desde la autodeterminación a la educación. «Estamos hablando de un tema crucial, de una de las bases, de los fundamentos de nuestro sistema de Estado social y tolerante de derecho».