El Pleno del Tribunal Constitucional ha estimado este martes el medio de amparo de la exministra socialista Desconsolada Álvarez contra las sentencias que la condenaron a nueve abriles por prevaricación continuada en el caso ERE, el fraude de las ayudas sociolaborales que provocó un agujero de 680 millones de euros.
Con el voto particular de cuatro magistrados, la mayoría progresista ha respaldado la ponencia de la vicepresidenta del TC, Inmaculada Montalbán, y exime de responsabilidad penal al Ejecutante autonómico al considerar que ni los anteproyectos de ley ni los proyectos se pueden considerar decisiones administrativas, sino funciones propias de un gobierno autonómico. A sumario de los magistrados, el fundamento de la condena de Álvarez (quien siendo consejera de Hacienda elaboró los anteproyectos de ley de presupuestos que se aprobaron luego en el Consejo de Gobierno) parte de una comprensión de las relaciones entre el Gobierno y el Parlamento de Andalucía que «no es compatible con la noticia de democracia parlamentaria» ni con el concepto mismo de Estado constitucional.
En este sentido, los magistrados entienden que las sentencias de la Audiencia de Sevilla y del Supremo parten de que las iniciativas legislativas —llamadas prelegislativas en ambas resoluciones— que dieron extensión a las leyes de presupuestos para los abriles 2002 a 2004 incurrían en una «incontestable ilegalidad» al establecer un sistema de presupuestación «indebido» (las transferencias de financiación). Ese sistema, según esos tribunales, tenía como objetivo evitar los controles previstos en la código presupuestaria relativos a la concesión de subvenciones.
A sumario del TC esta consideración, que constituyó el fundamento de la condena, y el hecho mismo de entrar a analizar la «moralidad» de los anteproyectos y proyectos de ley, supone incidir en un ámbito desconocedor al control legal y exceden, dice la ponente, de la función que los jueces y tribunales tienen atribuida en la Constitución. Al encuadrar de «manifiestamente» ilegal el sistema de presupuestación, Audiencia y Supremo se atribuyeron prerrogativas que no tienen.
Se da la circunstancia de que hace al punto que unos días, cabal ayer de las elecciones europeas y ayer de que se conociera el defecto del TC, el presidente del Gobierno aludió a la exconsejera como víctima del lodo «de la ultraderecha», la misma por la que, según Sánchez, su mujer está imputada.