Los 443 pisos en el limbo de las cocheras de Cuatro Caminos esquivan la Ley de Vivienda


Hace nueve años, Desiré del Río invirtió todos sus ahorros en un piso del que todavía no queda piedra sin remover. Roberto Fayos vendió su casa y pagó más de 200.000 euros por una vivienda que sigue en el limbo. Son sólo dos nombres y apellidos de un bloqueo que afectó a 443 viviendas proyectadas sobre las antiguas cocheras de Cuatro Caminos, un plan urbanístico que ha sufrido mil una modificaciones y retrasos. La causa del último parón, el pasado mes de julio, fue la nueva Ley estatal de Vivienda, que exigía aumentar del 10% al 20% la superficie de suelo reservada a viviendas protegidas. Sin embargo, el Ayuntamiento de Madrid no ha tocado esa cifra y el plan, según ha podido saber torrevieja news today, será aprobado este lunes en la comisión de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad.

¿Cómo ha evitado este proyecto la ley del Gobierno del PSOE y Unidas Podemos? Un reciente informe de la Fiscalía General de la Comunidad de Madrid “determina que la ley no afecta a expedientes ya iniciados y que no era necesario elevar el porcentaje de vivienda protegida al 20%”, informan desde el Área de Urbanismo Planificación, Medio Ambiente y Movilidad. En lugar de volver al punto de partida, los 443 apartamentos tienen luz verde, esta vez definitiva. La mayoría absoluta de José Luis Martínez-Almeida garantiza que todas las iniciativas de su segundo mandato saldrán adelante. Tras la aprobación inicial en comisión, las sesiones en las que se debaten asuntos municipales antes de ser elevados al Pleno, el proyecto de las cocheras de Cuatro Caminos recibirá la aprobación definitiva en el salón del Palacio de Cibeles.

La espiral de retrasos para la construcción de estas 443 viviendas en el norte de la ciudad, en el distrito de Chamberí, comenzó en 2014. Cuatrocientas familias vaciaron sus bolsillos para montar la cooperativa Metropolitana y comprar los terrenos de las antiguas cocheras del Metro de Cuatro Caminos . . Pagaron 88 millones de euros a la empresa regional y la entonces alcaldesa, Ana Botella (PP), aprobó el proyecto original para construir las 443 viviendas. Pero faltaron informes medioambientales, que tardaron años en subsanarse, con sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y del Tribunal Supremo de por medio, mientras algunas asociaciones de vecinos intentaban salvar las cocheras históricas.

Todos los obstáculos se resolvieron el pasado mes de febrero. El exconcejal de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes (Ciudadanos), modificó el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid (PGOU) para delimitar el nuevo barrio. El expediente incorporó los criterios de sostenibilidad e impacto ambiental, certificados por la Comunidad, y obtuvo dictamen favorable en la comisión del sector, primero, con los votos a favor de PP y Ciudadanos, y luego en el Pleno, el 28 de febrero. edificios, una torre de 100 metros y un gran parque, en total, una superficie de unos 60.000 metros cuadrados entre las calles Bravo Murillo, Pablo Iglesias, Reina Victoria y Esquilache.

Siete meses después de aquella amenaza, los cooperativistas que temieron en verano las consecuencias de la Ley de Vivienda pueden respirar aliviados. El proyecto se mantiene, “sin grandes cambios, con algunas modificaciones puntuales”, afirman desde el área que ahora dirige Borja Carabante (PP). La modificación del PGOU contempla una edificabilidad de 59.586,20 metros cuadrados. Son seis parcelas dedicadas a uso residencial, cinco para vivienda libre y una para vivienda protegida, donde se erigirá ese 10% estipulado antes de la ley estatal. También habrá oficinas, un edificio para el Ayuntamiento y 9.400 metros cuadrados de zonas verdes; un nuevo barrio con un pulmón del tamaño de un campo de fútbol.

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