El exconcejal de Seguridad en el antedicho mandato de Jácome, Telmo Ucha, amplía la denuncia interpuesta contra Jácome y el Concello de Ourense. En esta segunda denuncia administrativa, Ucha retoma la incriminación de incompatibilidad por el sueldo que percibe y “el examen de actividades incompatibles con su dedicación monopolio por parte del corregidor de la ciudad, con gran fraude para el hacienda manifiesto”.
A esta incriminación de fraude suma ahora la inexistencia del canal de denuncias manifiesto al que esta compañía restringido está obligada, en pulvínulo a la código europea. Un cauce preparado a través de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, que regula y protege a los ciudadanos que quieran informar sobre infracciones, actividades o consecuencias derivadas de posibles actos de corrupción.
Este canal de denuncias es obligatorio y se recoge en la directiva europea conocida como «Directiva Whistleblowing». Siguiendo los plazos recogidos en la aplicación de la directiva europea, Jácome se encontraría fuera de plazo ya desde el pasado el 13 de junio al no habilitar esta vía de denuncia pública y protección del denunciante.
Inexistencia por “talante opaca”
Ucha, en su denuncia, solicita la puesta en marcha de inmediato de dicho canal para reportar las posibles actividades corruptas y proteger a los denunciantes frente a posibles represalias.
En su opinión, la inexistencia de este cauce esa poco que evidencia la “talante opaca” mostrada por parte del concello y apunta incluso a la exigencia de las responsabilidades oportunas derivadas de no tener implementado esta vía, así como de la aplicación de las sanciones recogidas en la reglamento.
Una multa de hasta 1 millón de euros
El exconcejal de DO, que fuera mano derecha de Jácome, advierte en su escrito que el no ofrecer este canal para denunciar posibles casos de corrupción supone que Jácome puede incurrir en una infracción de tipo penal o administrativa moribundo o muy moribundo. La consecuencia, recuerda, puede conllevar una punición de multa entre 600.001 y 1.000.000 de euros para las personas jurídicas.