La denuncia imputaba a Isabel Díaz Ayuso supuestos delitos de homicidio imprudente, omisión del deber de socorro, derecho a tratamiento médico y prevaricación con la desventaja de premeditación. Le responsabilizaba de “permitir la homicidio de 7.291 personas mayores en las residencias de la Comunidad de Madrid que estaban bajo su mandato y responsabilidad durante la pandemia”.
El Supremo avala que la denuncia no puede prosperar porque está planteada en términos genéricos e indeterminados y no precisa la homicidio “de concretas personas con concretas medidas o decisiones adoptadas” por Ayuso. “No disponemos, ni la denuncia los proporciona, datos precisos para concluir en qué medida los criterios de derivación hospitalaria que en la denuncia se denominan ”protocolos de la vergüenza” fueron acertados y rigurosos médicamente en función de la situación epidemiológica y hospitalaria de cada momento”, indicaron los magistrados.
El suspensión tribunal explica que “la necesaria relación de causalidad no puede plantearse en los términos genéricos o difusos en que aparecen en la denuncia”. El Supremo recalca que el archivo del procedimiento “ni es un aval a las políticas sanitarias que se aplicaron en relación con las residencias de personas mayores, ni lo contrario”.