España arde cada verano, y lo hace cada vez con más intensidad. Los incendios que formaban parte del paisaje veraniego se han vuelto más virulentos y arrasan una emblema de hectáreas que oscila de media entre las 100.000 y las 120.000 anuales. En la última plazo, los grandes incendios forestales (GIF), aquellos que superan las 500 hectáreas, se han incrementado en un 21% y devoran el 40% de la superficie a la que afectan, convirtiéndose el infiernos con un comportamiento explosivo fuera de la capacidad de cese por mucho que España se haya convertido en el país que más presupuesto destina. ¿Qué equivocación para que esto ocurra? Si la capacidad de control del fuego no se puede asegurar, ¿se pueden predisponer?
Ingenieros agrónomos, bomberos, empresarios silvícolas y hasta víctimas reconocen que, si acertadamente se dan pasos, no están siendo suficientes. La inversión se ha centrado en la cese y eso provoca una paradoja: a decano efectividad para apagarlos, los incendios se hacen más extremos. En la última plazo el fuego se propaga a gran velocidad y tiene un impacto dramático. Fue lo que ocurrió en agosto de 2023 en Arafo-Candelaria, Tenerife, con más de 13.600 hectáreas quemadas, 9.000 de ellas en el Parque Doméstico de la Corona Forestal, el decano espacio protegido de Canarias. En marzo, en Villanueva de Viver (Castellón), fuera de la temporada de peligro, un fuego activo de más de 20 días calcinó más de de 5.000 hectáreas en el final con la provincia de Teruel y, en esas mismas fechas, hasta 16 incendios quemaron 16.000 hectáreas en Asturias y otras 11.000 en Las Hurdes (Extremadura). En total fueron 19 grandes incendios que arrasaron con 89.000 hectáreas, según los datos del Empleo de Transición Ecológica.
En 2022, la violencia del fuego fue singular. Ardieron 310 000 hectáreas, tres veces más que la media de la última plazo. La provincia más afectada fue Zamora, donde ardieron 64.000 hectáreas en varios incendios en la sierra de La Culebra entre junio y julio, el 6% del condado zamorano. Su origen fue una tormenta sequía, como el de Bejís y Toràs, que duró dos semanas, quemó 20.000 hectáreas en agosto y se rozó la tragedia al concluir atrapado un tren. Obligó este fuego a doblar los esfuerzos en la Comunidad Valenciana porque coincidió en el tiempo con otro en la Vall d’Ebo (Alicante) que alcanzó las 12.150 hectáreas. En la memoria, el incendio en Cortes del Pallás (Valencia), en 2012, hasta el momento el incendio más destructor de la historia de España al fundir 30.000 hectáreas.
Estos incendios se concretaron en lo para los bomberos es la «semana mágica», entorno al 12 de julio, y la «zona negra», que se extiende desde finales de julio a centro de agosto.
Este marco, que se repite con frecuencia, deja claro que centrar los esfuerzos en los medios para combatir el fuego no es suficiente en presencia de estos incendios de sexta gestación que, encima, ya no afectan sólo a los montes, bosques y zonas rurales, sino que se convierten en un problema de protección civil. La indicación zona interfaz que separa lo urbano de lo forestal está desapareciendo y expone más a las poblaciones, con evacuaciones, pérdida de infraestructuras, e incluso peligro para las vidas humanas.
La inspección se vuelve entonces a la prevención, que pasa por la administración forestal. «Sin administración forestal sostenible seguiremos impotentes en presencia de episodios de incendios extremos». Es el aviso que garrocha Domingo Molina, profesor del Sección de Ciencia e Ingeniería Forestal de la Universidad de Lleida y lo reafirma Marcos Gómez, vicepresidente de la Asociación de Trabajadores de las Brigadas Forestales (BRIF) del Empleo de Transición Ecológica. «El estado de los montes es España es fruto de una administración químico. Para velar la deforestación, en los 70 y los 80 se repoblaron con pino, que tenía una madera provechosa. Pero a partir del año 2000, su precio cae y nos encontramos con masas de pinares, por ejemplo en Castilla y Bizarro y Castilla-La Mancha, monoespefícos y poco resilientes, que se han desaseado porque volver en su mantenimiento no es rentable», explica este bombero.
Enrique, alguacil de Toràs, entre árboles calcinados.
Esta situación, unida al cambio climático y a la despoblación, nos deja un marco donde, como describe el profesor Molina en múltiples artículos, hay un incremento de inflamabilidad en las masas forestales que acentúa el estrés hídrico. Algunos pinos, por ejemplo, se desprenden de sus hojas, y esto incrementa la carga de combustible que alimenta cualquier fuego, «que siempre nace con el tamaño de la flama de un mechero», puntualiza el componente de las BRIF.
La prescripción todos la tienen clara, la dificultad aparece al tratar de aplicarla. En la prevención de los incendios forestales en el bosque mediterráneo, el predominante en todo el país, es esencial eliminar combustible.
-¿Es cierta esa frase que suele oírse en los incendios de ‘esto era un polvorín’?
-Es cierta. El monte no puede ser un vergel ni un campo de girasoles, pero no se hace lo suficiente.
Es la advertencia de Marcos Gómez, que ha vivido intensidades de fuego que «derriten las quevedos y los equipos de protección». Las vías que todos los expertos marcan como necesarias son tres: fuego técnico con quemas prescritas que rebajen el combustible, el desbroce de riberas o nudos de barrancos y las tareas silvícolas como la explotación de la madera, el corcho y, sobre todo, agrosilvopastorales: la ganado extensiva, el pastoreo. Ninguna de ellas es casquivana.
El llamado fuego técnico lo aplican las BRIF en la transición del invierno a la primavera para provocar la discontinuidad de la masa forestal, lo que sin precisión podríamos avisar cortafuegos. No es suficiente en sí mismo, pero es necesario en un monte seco, y por consiguiente, inflamable. Por otra parte, no supone un pago excesivo. El coste de una fuego en el entorno mediterráneo ronda los 2.250 euros por hectárea, según calculó el Plan Life+ en Montserrat (Barcelona), mientras que el coste de la cese en caso de incendio superaría los 10.000 euros, como estimó la Agencia Forestal del Navarra.
Aunque es una aparejo cada vez más valorada, hay otras más eficaces a espléndido plazo, como crear paisajes con especies más resistentes y, sobre todo, retornar a explotar económicamente los montes. Esto garantizaría su preservación. Aquí los obstáculos se hacen gigantes, porque si ya no son rentables, hay que incentivar. Lo sabe Adolfo Miravet, director de Espadán Corks, una empresa común que explota 15.000 hectáreas de alcornocal en el interior del parque natural de la Sierra de Espadán (Castellón), «el más puro de la península», se enorgullece.
Con su corcho fabrican tres millones de tapones, pero los esfuerzos para obtenerlo escasamente dejan beneficio a la rentabilidad. Su personal pasa por cuatro abriles de formación «ayer de coger el segur» luego de favor reconvención las sendas con burros que servirán para transportar el corcho y el coste de procedencia ronda los dos euros el kilo. Su negocio está expuesto a incendios. «Hacemos lo amoldonado. Si nos pagaran acertadamente por hacer trabajos silvícolas, los haríamos, porque somos los primeros interesados en que las fincas no se quemen», advierte Miravet entre lamentos. «Hasta 2009, se pagaban hasta 2.800 euros por hectárea por hacer estos trabajos en parques naturales. Ahora son 850. Y ni siquiera se aplica una desvaloración fiscalidad a nuestros productos», cuenta a torrevieja news today.
Adolfo Miravet, director de Espadán Corks.
Ellos se encargaban de matar con parte de los pinos y los brezos que impiden crecer al tarugo, pero entonces comenzaban las trabas legislativas. «Hay comunidades en las que puedes cortar, pero tienes que llevarte la madera. Otras como Aragón y Cataluña en la que puedes dejarla apilada, en otras has de destinarla a hacer pelets o biomasa, pero todo es deficitario porque, aunque el producto tiene mercado, los costes se disparan por la accesibilidad y nadie, empezando por las Administraciones, paga ese trabajo», insiste este patrón. Incluso la clan Miravet probó con otra de las recetas: la ganado extensiva. «Ya no quedan pastores ni el vacada va por el monte. Tuvimos 1.000 cabras para que limpiaran y mantuvieran accesible, pero la presión de grupos ecologistas nos obligaron a matar con el pavada. Vamos con destino a un sólo camino: el desatención de la agricultura forestal y la ganado».
En Toràs, el alguacil Enrique hace el mismo lamento. Fue el único que permaneció protegiendo el pueblo cercano a los bomberos cuando el fuego llegó desde Bejís. Hoy el paisaje son árboles caídos o negros, algunos cortados. «El Cabildo ha subastado la madera, 15 euros por hectárea, carencia para los propietarios», relata mientras recorre con este diario el monte. «A los pueblos que no les ha pasado, les pasará, porque está todo el monte asalvajado. No se está regenerado más rápido porque no ha llovido, pero lo hará solo y el pino correrá, y se amontonará. Ya no hay vacada que lo regule», lamenta mientras enseña cómo las zonas cultivadas, con cerezos o carrascas soportaron mejor el fuego.
2024 se presenta como un año difícil. El vicepresidente de ATE BRIF es consciente. «Las lluvias de primavera han hecho que en una parte haya que desbrozar más, porque ha crecido mucho el matorral, y en otra donde ha habido más sequía, ese matoral está seco y con más propensión a arder y propagarse diez veces más rápido que entre los árboles», explica Marcos Gómez. Coincide con Adolfo Miravet en que unos usos organizados del monte facilitarían su trabajo de extición, «porque el fuego forma parte de la naturaleza y eso no lo podemos obviar», pero invita a una consejo holística.
«Hay que hacer una administración ecológica, como la que hacían nuestros abuelos. No puedes meter procesadoras en la Sierra de Gredos, por ejemplo, porque acabas con los hongos, que son muy apreciados. Hay que hacer fajas pegadas a los caminos, clarear pinos para que vuelvan los alcornoques, los frenos, los robles o los castaños, brindar zonas de discontinuidad, porque si no, el día que echen a arder esas masas de pino no hay quien lo pare», advierte.
Buena parte de la administración forestal en las grandes superficies de monte divulgado nacía de su explotación previa. «En Castilla y Bizarro había un fondo de alivio, pero se quedó mezquino cuando bajó el rendimiento que dejaba la madera. Antaño los ayuntamientos tenía cuadrillas, camiones, ahora sólo algunos toman conciencia», se lamenta. Y es que un incendio deprecia la madera y deja el suelo muerto, «como el suelo peca, y eso son 80 o 100 abriles de miseria».
El monte de Torás en mayo, calcinado en 2022.
Una parte de esta desidia de prevención se debe de las diferentes posturas e inversiones que mantienen las comunidades autónomas, que tienen las competencias transferidas, y otra de los cambios sociales que acaban teniendo un impacto en el paisaje. «Hay suelo agrícola que ayer de diez abriles será forestal», pronostica Gómez.
Ellos ven cada día cómo se abandonan las tierras labrabas o los olivares que frenaban la continuidad del fuego y cómo se exponen las vidas.
El trabajo en las masas forestales, los cultivos, la ganado y el fuego técnico protegen el monte, pero asimismo las vidas. De los bomberos, que ya han aprendido “a retirarse y esperar a que estos incendios nos den la oportunidad de atacarles”, explica Gómez, y de los habitantes de los pueblos. “Tenemos que estudiar a defendernos del fuego, a aprender cómo debemos comportarse, por donde huir o qué tareas de prevención protegerían poco nuestra casa”, recomienda. Sin requisa, ve que el poco avance que se hace no deparará resultados hasta adentro de decenas de abriles. “Con este panorama, nosotros tenemos una frase: o se ha mosqueado o se va a fundir o ya se está quemando“. Palabra de bombero.