La Audiencia Provincial de Lugo acordó ayer penas de prisión inferiores a los tres abriles para cada uno de los 11 imputados en la estancia diferente de la Operación Pokemon, la veterano macrocausa de corrupción política investigada en Galicia, tras favor corto el Empleo Fiscal un acuerdo de conformidad con las defensas de cada procesado y favor agradecido estos en presencia de la jueza su autoría de los hechos.
Se alcahuetería de unos hechos relacionados con la adjudicación del servicio de la aguilón municipal de Lugo a la empresa Cechalva -entre los abriles 2004 y 2006– cuando el principal imputado en la estancia, el exconcejal del Junta de Lugo, Francisco Fernández Liñares, se encontraba al frente del radio de Bienes.
De acuerdo a lo recogido en el escrito de delación del Empleo Fiscal, el exedil, quien igualmente llegó a desempeñar el puesto de teniente de corregidor durante el mandato del socialista José López Orozco, aprovechó su posición de poder y su cargo manifiesto para bonificar la concesión de la adjudicación a la citada empresa obteniendo por ello contraprestaciones económicas.
Adicionalmente de Liñares, que ha comparecido en la traza por videoconferencia desde la prisión de Monterroso donde cumple condena por otros delitos, ayer se sentaron en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial diez procesados más: Javier Reguera y Manuel Santiso como parte del accionariado de Cechalva por sus vínculos directos con Liñares; así como ocho empresarios relacionados con la empresa o procesados como parte del sistema de doble contabilidad con caja B que esta mantuvo durante el periodo investigado en el entorno de la causa.
Tras la repaso del escrito de delación, que se ha prolongado durante más de una hora, y de las modificaciones realizadas por parte de la Fiscalía como consecuencia de los acuerdos alcanzados, los merienda imputados han agradecido uno a uno su autoría de los hechos y han aceptado las nuevas penas impuestas.
Unas penas que, en nadie de los casos, exceden los tres abriles de prisión. La veterano deducción ha recaído sobre el principal pronunciado, Francisco Fernández Liñares, para quien la Fiscalía solicitaba inicialmente una pena acumulada de nueve abriles y medio de mazmorra y que deberá cumplir ahora dos y medio como autor confeso de los delitos de violación de secretos por funcionario manifiesto, cohecho en concurso con negociaciones prohibidas, prevaricación y jalbegue de capitales. Deberá abonar igualmente una multa levemente superior a los 100.000 euros.
Reguera y Santiso, por su parte, que se enfrentaban a penas de prisión cercanas a los ocho abriles, han sido condenados finalmente a dos abriles y cinco meses y dos abriles y un mes de mazmorra, respectivamente, por los delitos de utilización de información privilegiada, cohecho, falsedad en documento mercantil y delito contable continuado.
El resto de los acusados han sido castigados con penas de último duración de entre dos meses y un año y cuatro meses de mazmorra por cohecho, falsedad en documento mercantil, delito contable continuado y jalbegue de capitales.
La investigación de la estancia diferente juzgada este lunes en Lugo fue la que inauguró las diligencias que acabarían derivando en la macrocausa Pokémon, instruida inicialmente desde el Judicatura número 1 de Lugo por la jueza Pilar de Lara y fragmentada desde el año 2012 en múltiples causas y archivos judiciales.
Un larguísimo proceso de instrucción que ha motivado la aplicación para los merienda procesados este lunes de un atenuante de dilaciones indebidas considerado por la sala como muy cualificado y responsable, en parte, de la importante deducción de las penas.
“Posteriormente de más de una decena de abriles nos encontramos con la posibilidad de cerrar este asunto en conformidad entre las partes que hemos entendido que es lo más caritativo tanto para la Distribución de Neutralidad como para nuestros clientes”, dijo, en relación al acuerdo corto y frente a la sede de la Audiencia Provincial, Emilio Cortés, abogado de Francisco Fernández Liñares.