En la prisión de Carabanchel pasaron muchas cosas en medio siglo. Miles de presos políticos, que luego se mezclaron con otros reclusos, una celda para torturar a informantes, surrealistas intentos de fuga, violentos disturbios… La Prisión Provincial de Madrid cerró con 55 años de historia, en 1997, por orden del entonces presidente del Gobierno , José María Aznar. Y ese solar lleva años esperando una segunda vida, un proyecto urbanístico con 600 viviendas y un hospital que, a finales de este mes, obtendrá luz verde, al menos sobre el papel.
El Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, que dirige Borja Carabante (PP), ha dado este lunes el penúltimo paso. En la comisión filial, PP y PSOE votaron a favor del acuerdo que reparte las parcelas de estos terrenos en Carabanchel. Se trata de un convenio firmado en diciembre de 2022 entre el Ayuntamiento de Madrid y los propietarios de los suelos, la Sociedad de Infraestructuras y Equipamiento Penitenciario y de Seguridad del Estado (SIEPSE) y la inmobiliaria Pryconsa. El documento ordena un área de 172.143 metros cuadrados, entre la Avenida de los Poblados, la calle Monseñor Óscar Romero y el parque Eugenia de Montijo.
La aprobación definitiva del acuerdo se conseguirá en el Pleno, el próximo 28 de septiembre, con la mayoría absoluta del PP (29 escaños) y previsiblemente con el apoyo del PSOE. Es el último impulso de una promoción paralizada desde hace dos décadas que prevé construir 640 viviendas, el 38% de ellas con algún tipo de protección, además de equipamientos sanitarios, sociales y educativos. También se urbanizarán más de 46.000 metros cuadrados de vía pública y se pintarán de verde otros 23.460 metros cuadrados.
Las bases del acuerdo
Según el convenio firmado el año pasado, los propietarios cederán al ayuntamiento el 10% del uso urbano. El consistorio resultará adjudicatario de una parcela residencial destinada a vivienda pública básica de 4.178 metros cuadrados y una edificabilidad lucrativa total de 8.200 metros cuadrados, además de disponer del 71% de otra parcela de uso residencial en la categoría de vivienda colectiva libre .
El centro de estos terrenos, una parcela de 39.920 metros cuadrados para la prestación de servicios colectivos catalogados como equipamiento sanitario único, será reservado por el ayuntamiento para un hospital. La otra parcela patrimonial cedida al consistorio se destinará a equipamiento básico de bienestar social, con una superficie de 2.037 metros cuadrados, y habrá otros cinco espacios municipales destinados a zonas verdes, cuya superficie sumará 23.460 metros cuadrados.
El Estado es otro adjudicatario, propietario de la comisaría y del centro de detención que actualmente se ubican en el terreno, y dispondrá de otros tres terrenos para oficinas e instalaciones educativas. SIEPSE contará con cuatro parcelas: dos zonas residenciales para vivienda libre y dos para vivienda protegida (una compartida con el Ayuntamiento).
Finalmente, Pryconsa será propietaria de una superficie de 3.123 metros cuadrados. El coste de las primeras obras de urbanización, que correrá a cargo del SIEPSE y se iniciarán en un plazo máximo de ocho meses desde la aprobación del proyecto, ronda los 25 millones de euros.