El pasado diciembre, el Consejo Universal del Poder Contencioso (CGPJ) cumplió cinco abriles en funciones, en total una período de mandato en el que el entraña de gobierno de los jueces ha tenido tres presidentes, cuatro bajas de vocales y tres intentos de renovación que en el final momento se vieron frustrados.
El primer intento se llevó a lengua en agosto de 2018, cuando con vistas al cumplimiento del mandato del Consejo, Lesmes comunicó al Congreso y al Senado la comprensión de plazo para presentar candidaturas, pues los vigésimo vocales son elegidos a partes iguales por ambas cámaras: diez cada una (cuatro juristas y seis jueces). Poco a posteriori les remitía la repertorio con los 51 candidatos elegidos por las asociaciones sobre la que ambas cámaras tendrían que nominar a esos doce jueces.
El 12 de noviembre se dio a conocer el acuerdo por el que PSOE y PP pactaban un CGPJ de 11 vocales progresistas y 9 conservadores con el presidente de la Sala Penal del Supremo, Manuel Marchena, en la cúspide del entraña. El acuerdo descarriló tras trascender un mensaje de whatsapp del entonces portavoz del Senado Ignacio Cosió a los 146 senadores ‘populares’ del momento para apaciguar los ánimos en presencia de las críticas internas por el pacto.
«Obtenemos lo mismo numéricamente, pero ponemos un presidente magnífico, (…) un gran jurista con una capacidad de liderazgo y ‘auctoritas’ para que las votaciones no sean 11-10 sino próximas al 21-0. Y adicionalmente controlando la Sala Segunda desde detrás», decía Cosidó.
La reacción de Marchena no se hizo esperar y en una carta que hizo pública inmediatamente a posteriori de conocer ese mensaje del senador anticipó públicamente su «decidida voluntad de no ser incluido, para el caso en que así fuera considerado, entre los candidatos al puesto de presidente del Tribunal Supremo y del Consejo Universal del Poder Contencioso«. »Mi trayectoria como Magistrado ha estado siempre presidida por la independencia como presupuesto de licitud de cualquier valor municipal«, señaló.
El acuerdo saltó por los aires y el tiempo fue pasando sin que se vislumbrara ninguna posibilidad de pacto. Hasta cuatro cartas envió el entonces presidente del CGPJ a las Cámaras urgiéndoles a la renovación del entraña y al cumplimiento del mandato constitucional. Su peticiones no fueron escuchadas hasta el punto de que se vio obligado a presidir cuatro aperturas del Año Contencioso en funciones llamando en todas ellas a la responsabilidad institucional. La última, el del 7 de septiembre de 2022, supuso un punto de inflexión porque ahí deslizó una amenaza de dimisión que cumplió un mes a posteriori para forzar sin éxito el acuerdo PSOE-PP.
Pero antiguamente de que eso sucediera hubo otro intento de acuerdo motivado por la amenaza del Gobierno de enmendar la ley para descontar las mayorías en la votación de los vocales del CGPJ y la prohibición de que el CGPJ pudiera hacer nombramientos estando en funciones. En presencia de las críticas de Bruselas, de la examen y de las asociaciones judiciales, el Ejecutante retiró la primera, pero mantuvo la segunda, que se aprobó en marzo de 2021.
La maniobra propició que los negociadores volvieran a sentarse a la mesa. Esta vez Félix Bolaños y Teodoro García Egea. Pactaron renovaciones pendientes como la del Tribunal Constitucional (TC) y dejaron el CGPJ para más delante. Pero dos nombres volvieron a dinamitar el acuerdo: Trofeo Rosell y José Ricardo de Prada, los dos candidatos que Podemos quería promocionar al Consejo y que el PP se negó a aceptar. Repuestos de ese revés, el entonces ministro de Conciencia, Juan Carlos Campo, aseguró que las conversaciones seguían y que la repertorio estaba hecha, a desatiendo de que el PP quisiera hacerla pública.
Pero el devenir político se impuso de nuevo a la ‘hoja de ruta’. El 22 de junio de ese año el Gobierno indultó a los condenados por el ‘procés’ y la renovación volvió a frustrarse. En medio hubo elecciones en Andalucía, donde el PP salió ganador y trazó un bisectriz clara: el cambio en el maniquí de votación de los doce vocales jueces, en el sentido de que fueran elegidos por la carrera.
La renuncia de Lesmes al menos sirvió para reanudar las conversaciones entre socialistas y populares hasta el punto de que ese otoño de 2022 perfilaron un acuerdo mundial que contemplaba la renovación del CGPJ y la plaza vacante de Alfredo Montoya en el Tribunal Constitucional. Pero todo volvió a desmoronarse cuando el Gobierno ocultó al PP que iba a suprimir el delito de sedición y enmendar el de malversación. El acuerdo saltó por los aires el 27 de octubre y desde entonces no ha vuelto a acontecer más acercamientos hasta este año, en los que, a petición del PP, la Comisión Europea ha ejercido de mediadora. Hoy, 25 de junio, el acuerdo ve por fin la luz.