El Gobierno está utilizando todos sus recursos para promover el tema, está contactando a todas las capitales, destacando su importancia
Los ministros de Asuntos Europeos de los 27 se reunirán este martes en Bruselas en una reunión ordinaria del Consejo de Asuntos Generales. Sin embargo, lo que tienen sobre la mesa es todo menos habitual. En agosto, dentro del plan plurinacional de Pedro Sánchez y de las negociaciones entre el PSOE y Junts, el Gobierno se comprometió a solicitar a la Unión Europea que reconociera el catalán, el euskera y el gallego como lenguas oficiales de la Unión Europea, con lo que podrían utilizarse no sólo en documentos oficiales, sino en negociaciones comunitarias o debates de la Eurocámara. Y la primera discusión se producirá ahora, en un foro del más alto nivel y bajo el delicado paraguas de la presidencia española, que exige sumo cuidado en la logística, el protocolo y el respeto a la neutralidad institucional.
No hay nada normal en este proceso. Nunca antes había sucedido, ni nadie imagina que vuelva a suceder, que un país solicite de repente la inclusión de tres idiomas adicionales, algo que no sólo tendría un coste económico, sino que implicaría nuevos cambios en la estructura de los servicios de interpretación. y un posible retraso adicional en la tramitación de la documentación. No es normal que un país lo haga bajo su propia presidencia y sin que exista siquiera un consenso político y social claro.
Es completamente insólito, e incluso absurdo según varias fuentes consultadas, que España haya presentado una propuesta para su debate y adopción, lo que significa que si los ministros o secretarios de Estado presentes en la sala estuvieran de acuerdo, todo podría aprobarse y arreglarse en un solo minuto. un par de horas, con apenas una sesión de trabajo previa entre los embajadores de los 27, que lo abordaron por primera y hasta el momento única vez este viernes. Y tampoco es normal porque si bien el Gobierno está utilizando todos sus recursos para impulsar el tema, está contactando a todas las capitales y recalcando lo importante que es en estos momentos, es evidente que una propuesta, un desafío de esta categoría, es completamente imposible seguir adelante. Al menos no a corto plazo. Pero Madrid sigue actuando más hacia la galería y sus aspirantes a socios de investidura que hacia sus socios comunitarios.
Albares, al frente
El tema está en la agenda del día y el ministro representará a nuestro país José Manuel Albares, a pesar de que los Ministros de Asuntos Exteriores nunca participan en las reuniones del Consejo de Asuntos Generales, y delegan en el Secretario de Estado para el ramo. España ha solicitado una modificación del reglamento 1/1958 que afecta a las lenguas y la argumentación jurídica se hará apelando al artículo 55.2 del Tratado de Lisboa, firmado en 2007 y que dice: El presente Tratado podrá ser traducido también a cualquier otra lengua que determinen los Estados miembros entre aquellas que, de acuerdo con sus sistemas constitucionales, tengan la condición de lengua oficial en todo o parte de su territorio. El Estado miembro interesado facilitará una copia certificada de dichas traducciones, que se depositará en los archivos del Consejo. España ya ha utilizado la cláusula para depositar una traducción precisamente al euskera, gallego y catalán, y sólo otro país se ha interesado por el tema desde 2009.
Pero el problema no fue, no es ni será legal. Ya se intentó hace 20 años y la respuesta fue un claro no. Hay países, entre ellos los más grandes, que consideran sorprendente, cuanto menos, que con estos precedentes España haya optado por la vía expedita y pretenda resolverlo sin un largo debate previo. Todos entendemos la lógica y los motivos, la urgencia concreta, pero las cosas no se hacen así, explica un diplomático implicado en el proceso. Ellos hacen lo que creen que deben hacer y nosotros haremos lo que hay que hacer, añade, subrayando que no hay enfado ni irritación, pero sí reservas claras, puesto que esas lenguas ya se han beneficiado de un estatus único y van Más allá, dicen, está fuera de lugar.
Suecia y Finlandia Han dejado claro, y por escrito, que ellos tampoco se encuentran cómodos. Piden que antes de discutir cualquier cosa a nivel político se haga un estudio profundo y serio de las implicaciones de una medida de ese calibre. A nivel económico, en el Presupuesto de la Unión, pero también a nivel administrativo. Irlanda instó a que se reconociera el galo, asumiendo ella misma los costes relacionados, pero tuvieron que pasar décadas para poder utilizar la lengua oficialmente, debido a la falta de especialistas. Alemania, Austria, Países Bajos, Eslovaquia, Dinamarca y varios otros están en la misma situación. Asimismo, existen socios, como Francia, que tienen enormes problemas. Su política lingüística nada tiene que ver con el español y esta incursión de tres lenguas que sólo son oficiales en una región y no en todo el país podría provocar enormes quebraderos de cabeza.
En cualquier caso, nadie ha planteado un veto sobre la posibilidad en sí, que debe ser adoptada por unanimidad. Al menos no por el momento. España se ofreció el viernes pasado a correr con los gastos correspondientes, pero las capitales quieren cifras concretas y un análisis jurídico de qué precedente se puede sentar aquí. Están dispuestos a debatirlo, a escuchar atentamente los argumentos de hoy, pero con el proceso habitual, sin prisas, porque un error o una precipitación, dicen, crearía un precedente que puede ser fatal si no se hace bien. Pedro Sánchez no tiene mucho margen, pero Carles Puigdemont no presiona a los demás.