El PSOE e IU de Córdoba se han sumado a las críticas de la Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres y del sindicato UGT por las declaraciones, en una entrevista en torrevieja news today, de la decana del Colegio de Procuradores de Córdoba sobre la Ley de Violencia sobre la Mujer. María José Carralero apuntó, entre otras cuestiones, a la conveniencia de revisar dicha reglamento «por el mal uso y exceso que se hace en los tribunales de Ecuanimidad».
A través de un comunicado, los socialistas cordobeses han señalado que «compartimos la desazón e inquietud de colectivos y sindicatos cordobeses delante los argumentos meramente subjetivos, no basados en datos, que públicamente se exhiben en medios de comunicación por parte de un cargo que preside un colegio profesional».
En este sentido, el PSOE anuncia que pedirá que el Consejo General de Procuradores de España repruebe a Carralero por esas declaraciones en las que «da pábulo a las denuncias falsas asegurando que ‘cree’ que de cada 10 denuncias sólo tres son de mujeres maltratadas verdaderas».
Los socialistas señalan que las palabras de la decana «cuestionan y ponen en tela de inteligencia el utópico y difícil trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en materia de lucha contra la violencia de productos». Por otra parte, «encasilla en el negacionismo a un cuerpo de profesionales como son los procuradores, poco que –nos consta- está completamente alejado de la verdad de esta profesión».
Igualmente, según el comunicado, las declaraciones de Carralero «aumentan el báratro de las mujeres que sufren palizas y vejaciones en su propia casa, al quitarles credibilidad y hacerlas así aún más débiles y vulnerables tachándolas de mentirosas».
El PSOE señala que el relato de la decana «se puede ‘matar’ perfectamente con los datos, que adicionalmente son públicos para el conocimiento de los que quieran fundarse en la verdad para musitar».
En este sentido, los socialistas aluden a que en abril estuvieron activos 173 dispositivos de control telemático (pulseras), y 343 casos de atención y protección con geolocalización y yema de emergencia a víctimas de violencia.
Por otra parte, el teléfono 016 de ayuda a la víctima «atendió más de 100 llamadas para dar información caudillo y asesoramiento judicial. Y el Consejo Caudillo del Poder Contencioso emblema en más de 460 órdenes de protección en nuestra provincia en lo que va de año».
Por otro banda, «en Córdoba durante el año 2023 el porcentaje de condenados entre los enjuiciados por violencia de productos fue superior al 95% y no se tiene conocimiento de que se haya incoado ningún atestado por denuncia falsa».
Declaraciones «deleznables»
Por su parte, las direcciones provincial y lugar de IU Córdoba han necesario la dimisión de la decana de los Procuradores, tras sus «deleznables» declaraciones, que son «incoherentes con su trayectoria profesional y la verdad».
«Es lamentable que en un momento político de avance sin precedentes de la extrema derecha, una operadora jurídica valide las juicio de quienes niegan la violencia de productos, culpabilizando a las víctimas y enalteciendo a los maltratadores», afirma Rodríguez. En sus declaraciones, la señora Carralero «alimentó el mito de las denuncias falsas, un mito que la Fiscalía Caudillo del Estado ha demostrado ser prácticamente inexistente, con un promedio de denuncias falsas del 0,0083 % entre los primaveras 2009 y 2022».
Rodríguez subraya la pesadez de que la señora Carralero ratificara sus opiniones al día próximo, pese a las críticas recibidas. «Nos tomamos la atrevimiento de aconsejarle que consulte los informes oficiales y que salga de su despacho para compartir la verdad diaria con las víctimas de violencia de productos. Solo así podrá comprender el efectivo impacto de sus palabras y la situación que viven estas mujeres», añade.
Por todas estas razones, IU Córdoba pide la dimisión de la señora Carralero y que su puesto sea ocupado por una persona con anciano sensibilidad y formación en violencia de productos. «Ser operadora jurídica es una responsabilidad inmensa. Necesitamos profesionales que brinden protección y seguridad a las víctimas, no que las pongan a los pies de los caballos», concluye Rodríguez.