El ministro de Política Territorial, Donaire Víctor Torres, ha ostensible tras la primera ronda de reuniones con los grupos parlamentarios para reunir apoyos para sacar delante un acuerdo de derivación obligatoria de los menores migrantes, que «se camina» en una hoja de ruta que culminará en el mes de julio. Como ha expresado, «hemos escuchado las peticiones de los grupos para poder sacar delante esta reforma de la ley» y así «preservar los derechos de los menores y que puedan ser distribuidos en el conjunto del del país».
En esta tendencia ha aventajado que ha pedido todavía una Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, que se celebrará en las próximas semanas en Canarias.
«Esto no se puede hacer sin el apoyo de las comunidades», ha dicho, «los partidos políticos se van a constreñir, porque al final esto terminará siendo votado en las Cortes Generales» y la «voluntad» es conseguir el viejo número de apoyos para que esto sea un éxito.
El Partido Popular ha derivado la responsabilidad en cada comunidad, una valor que el ministro Torres no ha querido valorar. «Yo no voy a entrar en estos momentos, y menos cuando estamos a pocas semanas de cerrar un proceso de muchísimos meses, en hacer valoraciones de declaraciones que hagan los grupos políticos».
«Mi cometido es intentar conseguir el apoyo para que esto salga y por consiguiente, me voy a alejar de cualquier polémica», ha destacado. En esta tendencia, ha celebrado que ya existe «un texto resuelto con el Gobierno de Canarias, que no ha sido dócil, con ocho meses con el trabajo de distintos ministerios y Canarias».
Para Torres, estamos a «pocas semanas» de «entender finalmente qué vota y qué decide y cómo explican ese voto los grupos políticos», porque Torres quiere que «sea exitoso» y para ello se requieren más de 176 votos.
Un comba ficticio de absorber
El ministro y expresidente del gobierno canario ha ostensible que la situación de Canarias «la conozco proporcionadamente» con menores migrantes no acompañados en un demarcación de ocho islas y un comba que «va mucho más allá de lo que puede ser una cantidad que pueda absorber un demarcación de dos millones de personas».
Canarias es «demarcación frontera» y no por ello «tiene que objetar en soledad a una situación como son los menores no acompañados» porque «tiene que tener obligación por parte del demarcación castellano, del resto del demarcación castellano y todavía de la Unión Europea» en esta cuestión.
Para el ministro hay que «preservar primero el derecho del pequeño, que por otra parte, es un derecho mayor, incluso por encima del derecho de ser inmigrante».