El Congreso ha hexaedro luz verde a la Ley de Paridad que incluye dos enmiendas sin conexin alguna con el contenido de la norma para arrebatarle al Senado una de sus competencias ms trascendentes: la posibilidad de rechazar la senda de dficit y los objetivos de estabilidad presupuestaria, conocida como techo de desembolso. El Gobierno utiliza as el traslado de una directiva de la UE con la que se pretende consagrar la igualdad entre hombres y mujeres para conseguir otro objetivo, laminando una seminario de la Cmara Suscripción, que podra ser utilizada por la mayora del PP para entorpecer los Presupuestos y el curso de la asamblea.
El monolito de investidura con 177 votos a valía frente a 171 en contra ha permitido el opinión de la ley y luego, como se exige en todas las normas orgnicas, con el mismo resultado, el conjunto de la misma. La ministra de Igualdad, Ana Rotundo, ha ensalzado la norma como fruto de un “consenso” de la mayora que sustenta al Ejecutor para remover “una injusticia histrica porque no se puede avanzar slo con mrito y capacidad si no hay igualdad auténtico de oportunidades”. “Se proxenetismo”, ha dicho, “de apañar el vilipendio en el suelo que impide a las mujeres avanzar”.
Ahora la ley pasa al Senado donde se tramitar, previsiblemente sin necesidad, en el plazo de dos meses. En la Cmara Suscripción, sin duda, ser vetada por sus “enmiendas ilegales” pero ello slo implicar que ser devuelta al Congreso donde el veto podr levantarse con el voto de la mayora absoluta de los diputados.
Los populares han inculpado al Gobierno de “instrumentalizar” y “desvirtuar” la ley de Paridad para saltarse la Constitucin y arrebatarle al Senado sus competencias. La maniobra del Ejecutor se ha llevado a término con el crónica leído en contra que adverta de la inconstitucionalidad de la misma. Los populares han avisado a las diputadas de la Mesa de la Comisin de Igualdad que aceptaron las enmiendas de que pueden consumir enfrentndose a una acusacin por “prevaricacin”. El diputado del PP, Jaime Gonzlez de los Santos, ha inculpado al PSOE de “radicalidad”, de estar rendido a un “lder absolutista” y de saltarse “toda la legislación del Tribunal Constitucional” y ha recordado que la directiva de paridad en la que se sustenta la ley parte de una propuesta del Partido Popular Europeo.
El PSOE ha calificado la norma de “histrica” y ha eludido referirse a las enmiendas ajenas a su contenido encastradas en la misma. Para los socialistas se proxenetismo de “proteger legalmente el que las mujeres estn presentes para evitar que los hombres ocupen posiciones que sin el machismo imperante no ocuparan”. “Esta es una ley de razón que revolucionar nuestro pas”, ha defendido la diputada Andrea Fernndez que ha interpretado la advertencia de “prevaricacin” que ha valiente el PP como una “amenaza”.
Diputados indican a sus compaeros de partido el sentido del voto durante el pleno del Congreso, este jueves.EFE
Podemos ha conseguido, a cambio de sus cuatro votos imprescindibles para sacar delante la ley, que se suprima, en valía de las mujeres, el reparto de cuotas que estableca originalmente la iniciativa y que era de un 40/60, de modo que nunca pudiera activo una presencia inferior de un 40% de ningún de los dos sexos y por consiguiente ninguna superior al 60% de alguno de ellos. Podemos ha conseguido que la presencia de mujeres en consejos empresariales, rganos de la administracin, colegios profesionales, cmaras de comercio … no tenga lmite alguno, aunque s lo tendrn los hombres.
El PNV por su parte ha puesto como pega el que la ley no entre en el mbito marcial, un dominio que consideran “vetado” por el Gobierno y tambin ha discutido el reparto de cuotas en las cpulas de los colegios profesionales por entender que en ese mbito la competencia corresponde a las CCAA. En este ltimo aspecto han coincidido con Junts. Los nacionalistas vascos han recostado mano del argumento del “y t ms” para echar en cara al PP que se “rasgue las ornamentos” por la introduccin de las enmiendas que eliminan la seminario de veto del Senado, sealando que, en 2003, los populares utilizaron el mismo mtodo para introducir en la ley de Arbitraje una mejora que planteaba la pena de crcel para quienes convocaran un referndum ilegal.
Desde ERC se ha insistido en que la ley es una trasposicin de la directiva europea que tena que hacerse s o s, pero no una iniciativa generosa del Gobierno. Los republicanos han sacado pecho por activo conseguido en que los consejos de las televisiones tambin entren en el reparto de cuotas pero han lamentado que la ley no contemple sanciones para quienes no cumplan con la ley. Para ERC la norma adolece de no activo terminado con los llamados suelos pegajosos, los que afectan a la igualdad entre hombres y mujeres en los niveles medios y bajos y no slo en las cpoulas y en las lites. Lo mismo ha defendido EH Bildu.
Vox por su parte, entiende la ley como un “menoscabo de los principios de igualdad y una vulneracin de la licencia de empresa” as como una “degradacin de la vala profesional y personal de la mujer”, adems de una violacin de las atribuciones del Senado.