El Gobierno cuela en el decreto anticrisis la derogación del artículo que frenaba la amnistía y cumple así con Junts


La aplicación de la ley de gracia sigue dando sus tumbos. Ahora, en un nuevo paso para su aplicación definitiva, Moncloa ha derogado el artículo 43 Bis de la LEC, la Ley de Pensamiento Civil. Una medida que el Gobierno ha incluido interiormente del auténtico decreto anticrisis que se ha suficiente este mismo jueves, lo que refleja su carácter encubierto: se tráfico de una intrepidez de relevancia política que no termina de encajar con las materias expuestas en el texto lícito en el que se ha introducido. De ahí que se entrevea en esto un nuevo visaje a Junts desde el Ejecutor, pues ese artículo 43 bis daba vía desocupado a que los jueces pudieran paralizar la aplicación de la gracia, así como del resto de leyes, simplemente con presentar presentación una cuestión prejudicial delante el Tribunal de Honradez de la Unión Europea (TJUE).

El decreto que a partir de ahora entra en vigor deja claro en su disposición derogatoria que este artículo queda suprimido. De esta modo, tal y como explicita la ‘recién salida del horno’ norma, serán los “órganos judiciales nacionales los que puedan aplicar directamente la legislación del TJUE“. Sin requisa, en la destreza, y hasta ahora, los propios tribunales, en aplicación de la doctrina del propio TJUE, podían suspender los procedimientos al programar una cuestión prejudicial delante dicho entraña.

“La disposición derogatoria única suprime, en particular, el artículo 43 bis de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Pensamiento Civil, de modo que sean los órganos judiciales nacionales los que puedan aplicar directamente la legislación del Tribunal de Honradez de la Unión Europea, fundamentalmente a partir del artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, respecto a las cuestiones prejudiciales que se planteen delante ellos”, expone el decreto en su exposición de motivos.

La “importancia” de esta derogación

Desde el agrupación independentista (tanto desde Junts como desde ERC), diversas fuentes se habían encargado de señalar y machacar la “importancia” de esta derogación, en términos literales. De ahí las presiones ejercidas sobre el Gobierno desde hace meses para finalizar cumpliendo con este objetivo que finalmente ha saliente delante.

Por su parte, fuentes cercanas al ministro de Presidencia y Honradez, Félix Bolaños, han ratificado que la supresión de este artículo forma parte de un acuerdo pactado con los independentistas catalanes hace ya seis meses. Un comunicado que han hecho publico al tiempo que han restado importancia a sus mercancía e implicaciones jurídicos.

El origen de todo esto se remonta al pasado 14 de enero, cuando, tras una intensa negociación, los siete diputados de Junts se abstuvieron en tres reales decretos del Gobierno, uno de ellos el anticrisis, a cambio de contrapartidas en su pro. Entre ellas se encontraba el traspaso integral a la Generalitat de las competencias sobre migración -en una data no especificada-, la publicación de las balanzas fiscales, la deducción del IVA al unto de oliva y la derogación del 43 bis.

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Imagen de archivo de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

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