El Ilustre Colegio de la Leyes de Madrid (ICAM) ha pedido al sentenciador instructor de la causa por revelación de secretos de Alberto González Amador, pareja de la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso, que eleve el asunto al Tribunal Supremo delante los «indicios cualificados que apuntan a la presunta responsabilidad penal del fiscal Normal del Estado» por el emisión de aquella nota de prensa que recogía información sobre el patrón.
La petición trae cuenta de la confesión este jueves de los dos imputados, la fiscal jerarca de la Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez; y el fiscal de Delitos Económicos Julián Brinco, quienes volvieron a señalar que la orden de emitir aquel comunicado que recogía extractos de correos electrónicos entre el mencionado fiscal y el abogado de González Amador, salió de la Fiscalía Normal.
El ICAM presentó su propia querella al ver concernidos los derechos de los abogados en tanto que se habría producido una hendedura dificultoso del deber de confidencialidad de las comunicaciones con el Ocupación Notorio y se habría dañado el derecho de defensa de González Amador porque aquella nota, recogía que había asumido dos delitos fiscales buscando un pacto de conformidad para eludir un ingreso en prisión. La Fiscalía le había denunciado por ilícitos contra la Hacienda Pública y de falsedad documental.
Hasta ahora, todos los caminos llevan al fiscal militar, Álvaro García Ortiz, que goza de aforamiento delante el Tribunal Supremo y sólo puede ser investigado allí. Él mismo dijo públicamente y luego por escrito al sentenciador instructor que asumía la responsabilidad última del emisión de aquella nota de prensa y que fue señalado por otra parte por la fiscal Superior de Madrid, Adriana Laja. Como declarante, ella refirió que había recibido una orden directa y la pidió de hecho por escrito porque discrepaba de la osadía.
El decano, Eugenio Ribón, subraya «la compromiso de los hechos y la requisito impedir que vuelva a ocurrir una situación como esta que afecta directamente a la integridad del sistema procesal y a la protección de los derechos de los profesionales del derecho y sus clientes«. »La protección de la confidencialidad en las comunicaciones entre abogados y fiscales es esencial para la defensa efectiva de los derechos de los ciudadanos y este Colegio será firme delante cualquier violación del mismo», recoge una nota de la institución.