«Una inaceptable configuración del servicio, que estuvo plagado de errores de coordinación, error de medios y no atendimiento de la obligación de respaldar los medios y la integridad de los guardias civiles intervinientes». Es lo que han público este viernes delante la árbitro de Barbate (Cádiz) los cuatro guardias civiles supervivientes al homicidio de dos compañeros al ser arrollados por una narcolancha.
Así lo ha cedido a conocer la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), que ha recordado que el Judicatura de Instrucción número 1 de Barbate aceptó en mayo su personación en calidad de cargo popular en las diligencias previas abiertas como consecuencia de la denuncia formulada para depurar las presuntas responsabilidades penales por hechos que pudiera ser tenidos como contrarios a los derechos de los trabajadores.
Encima, el Judicatura desestimó la petición de la Fiscalía de arrumbar y sobreseer provisionalmente las diligencias y, por el contrario, acordó la habilidad de diligencias de investigación, en segmento con las que fueron propuestas por AUGC en su escrito de denuncia, según ha explicado la asociación.
En este sentido, ha añadido que el supremo incluso acordó incluir los autos de las declaraciones prestadas por los guardias civiles supervivientes a los hechos sucedidos el 9 de febrero de 2024 en el Puerto de Barbate, en las que manifestaron las «inaceptables condiciones de seguridad y de error de medios para poder prestar, con mínimas condiciones de seguridad y fuerza, el servicio que les había sido regular».
En la denuncia, AUGC pidió la investigación penal por si pudiera existir la presunta comisión de un delito previsto en el artículo 316, que señala que «los que con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y estando legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma que pongan así en peligro enfermo su vida, vigor o integridad física, serán castigados con las penas de prisión de seis meses a tres abriles y multa de seis a doce meses».
Igualmente, según ha recordado, la AUGC aludió en su denuncia al artículo 318, que dice que «cuando los hechos previstos en los artículos de este título se atribuyeran a personas jurídicas, se impondrá la pena señalada a los administradores o encargados del servicio que hayan sido responsables de los mismos y a quienes, conociéndolos y pudiendo remediarlo, no hubieran adoptivo medidas para ello».
Finalmente, la AUGC ha asegurado que continuará la defensa de los derechos fundamentales y profesionales de los miembros de la Urbano Civil y ha recordado que la prevención de los riesgos laborales «es un derecho de todos los miembros de la Urbano Civil y una obligación principal para quienes ejercen el mando y conducen las operaciones».
Muestras de apoyo
Estos agentes han estado acompañado por sus mujeres y familiares agrupados en la asociación Corazón por Bandera, quienes han querido así mostrarles su apoyo «delante su sensación de desaliño», según ha señalado delante los medios la esposa de uno de estos efectivos y vicepresidenta de esta entidad, Silvia Mera.
No ha sido el único espacio en el que ha habido estas muestras de apoyo. Ha habido concentraciones similares en otras ciudades andaluzas, como Obús.