Hazte Or se querella contra siete magistrados del Constitucional por “invadir competencias” del Supremo en la sentencia de los ERE


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Hazte Or ha presentado una querella contra los siete magistrados del Tribunal Constitucional que hace unos das votaron a beneficio de anular la sentencia del Tribunal Supremo sobre el caso de los ERE, amparando parcialmente a la ex ministra socialista Penitente lvarez con relacin al delito de prevaricacin.

La asociacin ha presentado este viernes una querella delante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo contra los jueces Cndido Conde-Pumpido, Inmaculada Montalbn, Mara Luisa Balaguer, Ramn Sez, Mara Luisa Segoviano, Juan Carlos Campo y Laura Dez por un supuesto delito de de prevaricacin.

“El Tribunal Constitucional est asumiendo unas funciones y competencias que no tiene. Est anulando sentencias del Tribunal Supremo por delitos que no tienen nulo que ver con una posible inconstitucionalidad”, ha explicado el portavoz de Hazte Or, Miguel Toms.

“Sin confiscación, un mismo miembro del Tribunal Constitucional ha manifestado que con esta sentencia, se ‘ha devastado los lmites de la jurisdiccin constitucional, al irrumpir en el mbito reservado a la jurisdiccin ordinaria y suplantar la funcin del Tribunal Supremo como mximo intrprete de la ley'”, ha aadido, en relato a los votos particulares de los otros magistrados del TC.

“Los magistrados querellados, con el dictado de esta sentencia facilitan la impunidad de condenados vinculados al Partido Socialista Trabajador Espaol, partido con el cual estos magistrados tienen estrechas relaciones, dictaron a sabiendas una sentencia injusta en la que, desbordndose las competencias propias del Tribunal Constitucional”, sostiene la querella.

El escrito suscribe la afirmacin de los votos particulares de que el TC solo poda intervenir para reinterpretar lo establecido por el Supremo en su sentencia de los ERE delante razonamientos ilgicos o interpretaciones arbitrarias, “nociones que no concurran en este caso al suceder existido una interpretacin razonada de los nociones del delito de prevaricacin y de su aplicacin al caso”.

“Al Tribunal Constitucional no le compete determinar la interpretacin de la norma ms correcta. La interpretacin no arbitraria de las leyes es consustancial a la trabajo procesal”, concluye la querella.

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