La Xunta recuerda que la anulación del permiso a la mina de A Penouta es recurrible: “Hay 120 familias afectadas”


El director xeral de Planificación Enerxética e Minas de la Xunta, Pablo Fernández Vila, ha recordado que la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que anula el permiso autonómico a la única mina de coltán de Europa por riesgos ambientales no es firme y se puede acogerse: “Nos preocupan las 120 familias afectadas”.

Así lo ha señalado en el ámbito de la Comisión 6ª de Industria, Energía, Comercio y Turismo del Parlamento de Galicia tras ser preguntado por la diputada socialista Patricia Iglesias sobre la situación en la que se encuentra la explotación minera de A Penouta, ubicada en Viana do Necio (Ourense), luego de que el Stop Tribunal gallego considerase insuficiente el estudio de afectación ambiental.

Al respecto, Fernández Vila ha defendido el valencia de la ascendencia minera para la bienes de Galicia, al ser un sector “esencial”. Igualmente ha destacado su importancia para convatir la despoblción del rural gallego.

Pese a esto, ha dicho que “no puede ser a toda costa”, por lo que ha añadido que la tramitación de las minas debe ser “garantista” y, en este aspecto, la Xunta “no cede ni un poco”.

Por ello, ha mostrado su “sorpresa” delante la resolución del TSXG y, aunque la “respeta”, ha llamado la atención sobre ciertos aspectos, recordando que no es firme y que se puede acogerse. Así, ha dicho que la mina cuenta con Manifiesto de Impacto Ambiental benévolo y que el equivocación legal toma por buenos argumentos de la demandante “basados en fotografías” y no en informes periciales.

En este sentido, se ha referido a las fotografías de grietas en las viviendas, de las que, según ha dicho, no constan informes periciales en la sentencia que certifiquen que han sido producidas por las explosiones en la mina. Igualmente ha dicho que la contaminación en las aguas cercanas estaba primaveras antaño de que comenzase esta ascendencia.

Pablo Fernández ha mostrado su preocupación por los cerca de 80 empleos directos y 40 indirectos de la mina y ha subrayado la menester de los minerales que allí se extraen.

Por su parte, Patricia Iglesias ha pedido a la Xunta que haga “un poco de autocrítica” y ha lamentado que el Ejecutante autonómico concediese una explicación de impacto ambiental benévolo a la mina pese a las advertencias que ya constaban previamente

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