El presidente de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayusoha anunciado hoy su intención de que el Gobierno regional apruebe una nueva ley de Universidades y la lleve a la Asamblea de Madrid para su tramitación antes de finales de año. El objetivo que se ha marcado Ayuso es que sea un instrumento para defender la libertad, promover la excelencia docente e investigadora y aliviar las deficiencias y el “lastre” de la “pésima” normativa estatal en esta materia con la LOSU, la ley orgánica del Sistema Universitarioaprobado por el Gobierno de Sánchez.
Ayuso participó este martes en el acto solemne de inauguración del curso académico, en la Universidad Politécnica de Madrid, y allí destacó que la legislación nacional plantea, “entre otros problemas, un impacto económico tremendo”. Según el cálculo de las propias universidades al que se ha referido Ayuso, se trata de un sobrecoste de más de 100 millones de euros; “Y eso sólo contando las universidades públicas de la región”. “Sin que el Gobierno de España haya ofrecido planificación, apoyo financiero o memoria económica para facilitarlo”, advirtió.
Esta nueva ley autonómica incluirá un nuevo modelo de financiación de los centros públicos plurianual y revisable, para trasladarles una inversión adecuada y adaptada a sus peculiaridades, “que invierta en conocimiento y talento pero que, además, no deje de impulsar la La universidad como motor de innovación y progreso en estrecha relación con su entorno social, económico y productivo”, según destacó el presidente madrileño.
En su intervención en este acto académico, Ayuso destacó que el objetivo de la ley elaborada por el Gobierno regional es hacer un sistema “más homogéneo, con contabilidad analítica, transparente y capaz de generar y captar los recursos necesarios”.
El presidente autonómico ha criticado una ley nacional que, “lejos de responder a los retos actuales que tiene la Universidad”, lo que hace es “abrir el camino a la politización de los campus” y, para ello, la exigencia de ser profesor para calificar para el puesto y la membresía en cualquier asociación se recompensa con créditos.
“Y como muestra de los tiempos preocupantes que vivimos, la esencial neutralidad ideológica de los claustros está seriamente erosionada”, denunció.
La nueva ley autonómica de Universidades abordará cuestiones como la nueva normativa de contratación de mano de obra. Para ello, el Ejecutivo autonómico trabaja en una comisión que tiene como objetivo velar por la seguridad jurídica del proceso y contribuir a la satisfacción de las necesidades docentes.