La renovación del Consejo Normal del Poder Jurídico (CGPJ) podría ser la primera y última vez que Feijóo y Sánchez llegan a un acuerdo, según el PP. Los populares consideran «muy difícil» retornar a pactar con el PSOE porque éste, aseguran, «ha dejado de ser un partido de Estado». «El PSOE está secuestrado, ya no es un partido constitucionalista, de Estado. Es un partido única y exclusivamente al servicio de los intereses personales de Pedro Sánchez y, por lo tanto, es muy difícil impresionar a acuerdos de Estado con un partido que ya no lo es», ha criticado el portavoz de los populares en el Congreso, Miguel Tellado, este domingo.
La misma postura que adoptó ya el jueves el líder franquista del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien afirmó en una entrevista en en esRadio que la renovación del víscera de los jueces «no se condicionó a ningún otro pacto». «Lo que, evidentemente, nosotros no vamos a renunciar es a lo que nos corresponde», reivindicó en relación la además irresoluto renovación de órganos como el Lado de España, la CNMV o la JEC.
En cuanto a si populares y socialistas ya han hablado sobre esas otras vacantes posteriormente de que el PSOE asegurará que las negociaciones están además en marcha, Feijóo aludió a las declaraciones de Pedro Sánchez, que calificó a los populares como «ultraderecha», próximo a Vox y Alvise. «Es raro que no se pueda pactar ausencia con la ultraderecha y ahora resulta que hay que pactarlo todo, ¿no? Esa es la coherencia del Gobierno», dijo.
Aún así, Tellado se ha felicitado este domingo por poseer culminado esta semana el acuerdo del CGPJ con los socialistas, en el entorno del compromiso adquirido por los populares «de despolitizar la neutralidad y de respaldar su independencia». «Hemos sido capaces de poner fin a las puertas giratorias entre la Honradez y el Gobierno de España. Hemos sido capaces de establecer mayorías reforzadas para la toma de decisiones en el CGPJ y hemos sido capaces de avanzar además en la despolitización«, ha defendido. Asimismo ha criticado que España «no tiene Gobierno porque está secuestrado por las minorías que hicieron presidente a Pedro Sánchez».
Desde el PP, que cierran este domingo una semana «importante y beneficiosa», han superior que esta que entra podría calificarse «como la semana fantástica de la corrupción del Partido Socialista». »En esta semana probablemente veamos cómo el Fiscal Normal del Estado es imputado, cómo la esposa del presidente del Gobierno acude a determinar a un auditoría de Madrid en calidad de investigada por un supuesto delito de corrupción de tráfico de influencias«, ha previsto Tellado, que añade que se podrían incluso conocer »nuevas informaciones sobre el hermano de Pedro Sánchez y todo lo que ha podido cometer eludiendo el fisco de nuestro país«.
«Esta semana probablemente veamos cómo el Fiscal Normal del Estado es imputado y cómo la esposa del presidente del Gobierno acude a determinar a un auditoría de Madrid en calidad de investigada»
Miguel Tellado
Portavoz del PP en el Congreso
El fiscal caudillo del Estado, Álvaro García Ortiz podría enfrentarse su posible imputación por revelación de secretos frente a el Tribunal Supremo por la querella de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso, Alberto Gónzález Amador. García Ortiz ha obligado poseer regular la filtración por parte del Servicio Notorio de una nota de prensa sobre la negociación entre la Fiscalia y el abogado de González Amador para alcanzar un acuerdo de conformidad y no ir a prisión por practicar de intermediario en la saldo mascarillas durante la pandemia y hurtar comisiones a cambio. Para ello, uso varias sociedades y fabricó facturas falsas para no tener que determinar a Hacienda.
La mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, por su parte, está llamamiento a determinar frente a el mediador como imputada el próximo viernes, día 5 de julio, por corrupción en el sector privado y tráfico de influencias. Y su hermano, David Sánchez, está siendo actualmente investigado por un auditoría de Badajoz a raíz de una denuncia de Manos Limpias por delitos contra la Compañía y la Hacienda Pública, malversación, prevaricación y tráfico de influencias además.