El Ejecutante autonómico de Alfonso Rueda ha enviado este lunes a su víscera de asesoramiento, el Consello Consultivo, un argumentario en defensa de un posible medio de inconstitucionalidad contra la ley de condonación del Gobierno central, aprobada el 30 de mayo en el Congreso. En concreto, lo que la Xunta le ha pedido es que valore la pertinencia de presentar ese medio y «emita informe», recordando que la «derecho» ampara a las comunidades a la hora de apelar una norma en presencia de el Constitucional si interpretan que «menoscaba» sus competencias o altera el «orden sumarial».
«Sobran los motivos», ha sostenido Rueda, para que su Empresa salga en «defensa» del «Estado de Derecho» de ser necesario. Y su consultorio jurídica, a través de la recién creada Dirección Xeral de Asuntos Constitucionais, confirmar en un noticia el posicionamiento de la Xunta. Por un banda, entiende que la ley de condonación «contradice» el artículo 9.1 de la Constitución, que determina que «todos los ciudadanos y los poderes públicos» son iguales en presencia de la Ley, circunstancia que «no se produciría»; por otro, que «varios artículos» de la norma «incurren en arbitrariedad», una consideración compartida por el Consejo Genérico del Poder Legal.
En tercer sitio, ha citado Rueda, la ley «choca frontalmente con el principio de igualdad (…) territorial, jurídica y económica». Y, más allá de eso, considera que su puesta en efectivo «vulnera» el principio de separación de poderes, puesto que «deja sin impresión» varias «decisiones firmes» adoptadas en su momento por el poder jurídico. Adicionalmente, el presidente gallego ha acentuado que el «objeto de aplicación» de la norma es «demasiado amplio e indeterminado» y ha alertado del peligro de que haga crecer la «inseguridad jurídica».
Las declaraciones las ha ofrecido Rueda este lunes, en una comparecencia en presencia de los medios tras celebrarse el Consello de su Gobierno, en el que se ha transmitido luz verde a la remisión de la referida petición al Consultivo. Respondiendo a preguntas de los periodistas, Rueda ha valorado positivamente el papel que cumple la nueva Dirección de Asuntos Constitucionales en todo el proceso. «La consultorio jurídica se ocupa de todos los asuntos jurídicos de la Xunta, pero, por supuesto, la Dirección de Asuntos Constitucionales tuvo una billete muy directa en la elaboración de los argumentarios con los que se solicita el informe» y el trabajo nace fruto de una «estrecha colaboración» entre los dos órganos, ha manifiesto Rueda.