El Colegio de la Derecho de Madrid y la defensa de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, pidieron el pasado viernes al instructor del Tribunal Superior de Madrid que enviara los indicios hallados contra el fiscal militar Álvaro García Ortiz, al Supremo. Según publicaba Ángela Martialy en el diario El Mundo, la instrucción abierta tras la denuncia del patrón contra la fiscal dirigente de Madrid, Pilar Rodríguez, y el fiscal de Delitos Económicos Julián Brinco por revelación de secretos apuntaba directamente a García Ortiz. Los letrados de la pareja de la presidenta regional solicitaron al magistrado Francisco Goyena que se inhiba a posteriori de que se les diera traslado del documento en el que el fiscal militar del Estado asumía la responsabilidad de la difusión de la nota en la que se daba cuenta del cruce de correos entre el abogado de Alberto González y el fiscal del caso relativo a un supuesto fraude fiscal.
La petición de los representantes de los abogados madrileños se produjo así tras la praxis de las diligencias en la período de instrucción por parte del sentenciador del TSJM, incluyendo la confesión de los dos fiscales investigados, y en presencia de los indicios que apuntan a la presunta responsabilidad penal del fiscal militar del Estado, Álvaro García Ortiz.
- “Responsabilidad última”. El fiscal militar del Estado asumió el pasado 15 de abril a posteriori del silencio mantenido sobre la filtración de datos confidenciales del novio de Ayuso durante un mes, que “estaba informado de los acontecimientos”, siendo responsable “zaguero” de lo sucedido, tanto que fue él quien dio la orden de difundir los datos secretos del pacto de conformidad que negociaba la defensa de la pareja de la presidenta madrileña con la Fiscalía de Madrid. Todo ello a posteriori de que El Mundo desvelara que fue García Ortiz el que dio a la fiscal superior de Madrid la instrucción de remitir la polémica nota de prensa. Así, el propio fiscal militar del Estado asumió verbalmente la responsabilidad de la difusión de la nota de prensa en un acto institucional celebrado en la sede de la Fiscalía el pasado 15 de abril y después lo ratificó en un escrito dirigido al TSJM el pasado día 10, en el que por otra parte solicitaba que la causa fuera enviada al Tribunal Supremo. El instructor dio traslado a las partes para que se pronuncien y todo parece apuntar que la causa terminará en manos del Detención Tribunal.
- Laja y los whatsapp. El pasado 13 de julio, Almudena Laja, fiscal superior de Madrid, declaró en presencia de el instructor del Tribunal Superior de Madrid que recibió la orden por escrito de García Ortiz de remitir a los medios la nota de prensa con datos confidenciales de González Amador. Esa orden fue dada por whatsapp en marzo a Laja a posteriori de que su dirigente de prensa se enfrentara a la directora de Comunicación de la Fiscalía Normal por este asunto, según recoge El Mundo en su examen de los indicios que señalan a García Ortiz. El junta de prensa de la Fiscalía Superior de Madrid distribuyó la nota enviada por la Fiscalía Normal con la conversación entre Fiscalía y el abogado de la pareja de Díaz Ayuso. En el zaguero de sus mensajes a Almudena Laja vía whatsapp, el propio García Ortiz escribía “Almudena, no me coges el teléfono. Si dejamos producirse el momento nos van a aventajar el relato. La autos de los compañeros y de la fiscalía es impecable y hay que defenderla”.
- Fiscal dirigente de Madrid. Pilar Rodríguez, fiscal dirigente de Madrid, imputada en el procedimiento, declaró el jueves en el TSJM que ella no intervino en la redacción de la nota de prensa que ordenó distribuir a los periodistas el fiscal militar, admitiendo que las actuaciones se produjeron por orden de García Ortiz. Rodríguez dijo que se limitó a cotejar los datos incluidos en el comunicado de prensa sobre el novio de Ayuso, pero agregó que no había consensuado la nota con la Fiscalía Normal del Estado.
- Gmail personal. Los correos entre la defensa de la pareja de Ayuso y la Fiscalía madrileña acabaron en la cuenta de García Ortiz, según figura en la Instrucción 1/2022, dictada por Almudena Laja el 22 de junio a la que tuvo ataque El Mundo, y a pesar de la advertencia como “medida a observar respecto de la seguridad de la documentación e información por las fiscales jefes”. Interrogada sobre el motivo de favor enviado los correos que le había proporcionado Julián Brinco al fiscal militar, Rodríguez se acogió a su derecho a no resolver.
- Filtración a la cautiverio Ser. Tras el reenvío de los correos del fiscal Brinco por Pilar Rodríguez al fiscal militar del Estado, la Ser publicó una información en que aseguraba que “el novio de Ayuso ofreció a la Fiscalía calar a un pacto declarándose culpable para evitar el prudencia”. En dicha información se argumentaba que el abogado de Alberto González ofreció un acuerdo a la Fiscalía tras declarar dos delitos contra la Hacienda Pública. El TSJM investiga esta filtración próximo al comunicado redactado en la Fiscalía Normal y emitido por orden de García Ortiz.
El Colegio de la Derecho de Madrid denunció la reserva de lo sucedido por la violación que supone para el derecho de defensa, y el magistrado prostitución de investigar “quién o quiénes fueron las personas físicas concretas que intervinieron en la intrepidez de hacer notorio dicho comunicado de prensa y el mayor responsable de la carrera fiscal que acordó la intrepidez de difundir el comunicado”.