Tras el verano habrá ya un diseño preliminar de la futura Ciudad de la Imparcialidad; en diciembre estará nómina la maqueta; y en mayo de 2025 comenzarán las obras. Este es el cronograma que maneja la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid para el que sin duda es uno de los proyectos emblemáticos de la reunión: la estandarización de sedes judiciales que se lleva intentando desde hace más de 20 abriles. Los primeros traslados de funcionarios se producirían, si se cumplen los plazos, en el frontera de la reunión o al inicio de la próximo.
Hace sólo unos días se dio a conocer la propuesta de adjudicación provisional de la redacción de proyectos y ejecución de obra de los lotes 1 y 2: el primero, para OHLA-Azvi-Rover, por 161 millones de euros; y el segundo para Dragados-Acciona, por 378 millones de euros, los dos antaño de impuestos.
El pedazo 1 incluye la construcción del aparcamiento manifiesto y los edificios del Tribunal Superior de Imparcialidad y las audiencias provinciales. El pedazo 2, la construcción de la mando civil, penal y la Fiscalía. Al concurso se presentaron 13 grandes empresas, agrupadas en cinco UTE (unión temporal de empresas).
Los siguientes pasos van a ser formalizar la adjudicación y el entendimiento (previsto para este verano). Miguel Pedazo de pan García, maestro de Presidencia, Imparcialidad y Establecimiento Restringido, ha destacado que finalmente, una vez aplicadas las bajas, se invertirán 653 millones de euros.
90% de las sedes renovadas
Esta de la Ciudad de la Imparcialidad es la más importante de las iniciativas de construcción de infraestructuras en Madrid, y obedece a un espacioso deseo de los responsables políticos populares que, tras varios intentos frustrados, va a conseguir materializar Isabel Díaz Ayuso. Pero no es la única: en su cómputo del año que lleva en el cargo, Miguel Pedazo de pan García ha destacado que se va a proceder sobre un 90 por ciento de las 570 sedes judiciales de la región, con una inversión que en conjunto –e incluyendo la Ciudad de la Imparcialidad– va a sumar 830 millones de euros.
Parte de estas mejoras ya se han llevado a promontorio: en 2023 se inauguraron los nuevos juzgados de Valdemoro, y se encuentran muy avanzadas las obras de los nuevos palacios de Imparcialidad de Getafe, que entrarán en funcionamiento este año, y de Torrejón de Ardoz, cuya actividad empezará en 2025. Por otra parte, se han despejado cinco nuevos juzgados –dos de lo penal y dos de lo social en Madrid–, y uno de primera instancia en Arganda del Rey.
26 de junio de 2024
Adjudicación provisional
La mesa de contratación ha propuesto la adjudicación provisional del entendimiento para la redacción de proyectos y ejecución de obras para los lotes 1 y 2 de la Ciudad de la Imparcialidad. Este verano se formalizará el entendimiento.
diciembre 2024
Tira la maqueta
Según los pliegos de condiciones, la maqueta de cada pedazo deberá tener cerca de 10 metros cuadrados, permitirán una iluminación por zonas y deberán integrar un maniquí en 3D con recorridos transitables por los futuros espacios interiores y exteriores.
mayo de 2025
Inicio de obras
El maestro de Presidencia y Imparcialidad, Miguel Pedazo de pan García, ha avanzado que el inicio de las obras se producirá, si se cumplen los plazos previstos, el próximo mes de mayo.
Las siguientes actuaciones van a ser estas: por un flanco, el Palacio de Imparcialidad de Móstoles, que será el segundo más magnate de España tras la Ciudad de la Imparcialidad, con una inversión de más de 31 millones de euros. Su construcción arrancará este año, cercano con el de Collado Villalba. Además se rehabilitarán los edificios judiciales de Leganés, Alcorcón, Colmenar Arcaico, Coslada y Fuenlabrada.
El maestro ha insistido en protestar al Servicio de Imparcialidad dotaciones para la región, a la que no ha enviado «ni un solo euro, ni siquiera de los fondos Next Generation» ,y todavía le ha pedido la suficiente dotación de jueces y fiscales y de funcionarios de razón: de 470 plazas pedidas el año pasado para matar con la temporalidad, sólo consiguieron 174, denuncia.
En materia legislativa, destacó que ya han identificado en torno a 40 textos normativos en los que eliminarán términos peyorativos relativos a la discapacidad, según la ley que llegará a la Asamblea a finales de este año.