El sentenciador que investiga a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción entre particulares por su relación con empresas que fueron beneficiarias de ayudas gubernamentales ha admitido parcialmente uno de los últimos medios de su abogado, en la que se denunciaba indefensión por no tener claro por qué hechos se le investiga.
En un automóvil de este lunes, a cuatro días de la aniversario en la que está prevista su enunciación como imputada en los Juzgados de Plaza de Castilla, el instructor admitió dicho procedimiento de reforma presentado el 12 de junio respecto a la necesaria nota de los hechos investigados. Insistió en que investiga todas las conductas que se presentaron como sospechosas de delito en la denuncia original del sindicato Manos Limpias, exceptuado la concesión de contratos de la entidad pública Red.es a la empresa de Carlos Barrabés que han sido asumidos por la Fiscalía Europea. Es proponer, que investiga todos los contratos concedidos a compañías en las que, según los denunciantes, pudo influir la relación de Begoña Gómez con sus responsables, siempre y cuando no hubiera fondos europeos implicados.
En la resolución, el sentenciador descarta resistir a lengua una investigación prospectiva, en rebusca de delitos, cerca de lo que asimismo apuntó la defensa de Begoña Gómez. «Por este Judicatura siempre se ha tenido presente, en todos los procedimientos que en el mismo se siguen, el Derecho Constitucional, consagrado en el artículo 24 de nuestra Carta Magna, a la Tutela Contencioso Efectiva, y evitar que se pueda producir indefensión, sin que se genere el leve extremo de cercenar dicho Derecho Constitucional, y en este concreto procedimiento, no puede ser de otra forma, de tal modo que al objeto que no se pueda interpretar con dudas, parcial o subjetivamente, se procederá a poner en conocimiento, de nuevo, cuales son los hechos objeto de investigación, que como se ha dicho, son todos los actos, conductas y comportamientos que se han llevado a lengua por la investigada desde que su consorte es el presidente del Gobierno de España, si perfectamente, limitados a aquellos que se contienen en la denuncia original, sobre los que ya fueron preguntados en su interrogatorio los testigos Ignacio Cardero y Francisco Alfonso Mercado, todo ello, a fin de evitar una investigación prospectiva», justifica la admisión.
En el automóvil, insiste en que no todos los contratos investigados están financiados con fondos europeos, por lo que descarta que la investigación de la Fiscalía Europea deje sin propósito la suya: «Debe excluirse del objeto de la presente investigación los hechos relativos a los contratos adjudicados a la UTE constituida por las empresas Innova Next y Escuela de Negocios The Valley por la entidad pública Red.es, financiados con fondos europeos, que no son todos los adjudicados, en concreto solo tres de ellos, relativos a los contratos adjudicados, a la UTE constituida por las empresas Innova Next y Escuela de Negocios The Valley, por la entidad pública Red.es, financiados con fondos europeos y cuyo conocimiento fue avocado por la Fiscalía Europea», expone.