La mayora progresista del Tribunal Constitucional (TC) ha proseguido este martes con el desmontaje de las condenas del caso ERE. Los magistrados han establecido anular las penas de prisin por malversacin dictadas por la Audiencia de Sevilla y respaldadas por el Tribunal Supremo por el reparto clientelar de 680 millones de euros a lo liberal de una dcada desde la Juntura de Andaluca.
El TC ha examinado el solicitud de amparo de uno de los condenados por prevaricacin y malversacin, el del ex director militar de la Agencia IDEA (la caja pagadora de los ERE) Miguel ngel Serrano, al que se le impusieron seis aos y medio de prisin e inhabilitacin absoluta durante 17 aos. El Constitucional declara que “se ha vulnerado el derecho a la vigencia penal y su presuncin de inocencia” y anula su condena.
La decisin afectar a todos condenados por malversar fondos de la Juntura, entre ellos el ex presidente autonmico Jos Antonio Grin, cuyo solicitud de amparo se examinar en el prximo pleno, en el interior de dos semanas. El acuerdo de los siete magistrados del TC de este martes supone que esas condenas, conforme sean revisadas, sern eliminadas directamente por el TC o reducidas tras un nuevo paso por la Audiencia de Sevilla.
El monolito mayoritario del tribunal presidido por Cndido Conde-Pumpido ya desactiv en el pleno precedente la condena a inhabilitacin impuesta a la ex ministra socialista Bizcocho lvarez. La decisin de hoy es una extensin de lo razonado en ese caso: que no es posible que los jueces controlen la vigencia de la actuacin de unos polticos en la grado de elaboracin de una norma, en este caso la Ley de Presupuestos.
A Miguel ngel Serrano se le conden por el reparto de efectivo para ayudas sociolaborales y empresas en crisis con cojín a la partida presupuestaria conocida como fondo de reptiles. El TC precisa que, puesto que esa partida estaba apoyada en las leyes de Presupuestos de 2002 a 2009, no puede considerarse ilegal su reparto.
“Nadie puede prever razonablemente que vaya a ser condenado por delito de malversacin, esto es, por la disposicin ilcita de caudales o mercadería pblicos, por realizar conductas que tienen cobertura en una norma con rango de ley que regula especficamente el supuesto de hecho al que ese individuo se enfrenta en su calidad de autoridad o funcionario pblico, pues tal ley, en tanto no sea declarada inconstitucional, ha de considerarse vlida”, dice la sentencia de la vicepresidenta, Inmaculada Montalbn, responsable de todos los amparos de los ERE.
Entre los asuntos que tambin tena previsto revisar este martes el TC se encuentra el del consiliario de Empleo Antonio Fernndez Garca. En su caso, la propuesta es anular la condena por malversacin, esta vez ordenando a la Audiencia de Sevilla que dicte una nueva sentencia que valore la participacin del socialista en las modificaciones presupuestarias” de 2000 y 2001 y “la disposicin de los fondos” del llamado fondo de reptiles.
Cuando revis la condena por el otro delito, el de prevaricacin, el TC ya dej abierta la puerta a que en una nueva sentencia la Audiencia estudiara prolongar las condenas por lo sucedido en los aos 2000 y 2001.
En esos dos ejercicios las irregularidades se produjeron con un sistema presupuestario diverso y podran ser controladas por el Poder Legal, por lo que podran conducir a nuevas condenas, si aceptablemente inferiores a la original.
Las estimaciones de los bienes de amparo han vuelto a contar con los votos contrarios de los cuatro magistrados del sector conservador. Consideran que para anular las condenas los siete magistrados de la mayora han irrumpido en un dominio competencia del Supremo en el que el Constitucional tiene coto entrar.