La Juntura de Andalucía ha iniciado los trámites para acogerse el acuerdo de subida salarial firmado el 11 de abril por el Profesión de Presidencia, Honradez y Relaciones con las Cortes para los funcionarios de los órganos judiciales al considerar que «excluye» al personal andaluz al estar las competencias delegadas a la comunidad autónoma. El primer paso ha sido el requerimiento remitido al Profesión y, luego, si no se anula el acuerdo salarial la Juntura de Andalucía planteará un apelación contencioso-administrativo.
El acuerdo de abril de 2024 fue firmado por el Gobierno de España con los sindicatos UGT y Csif para aplicar una subida salarial al personal de los órganos judiciales. Sin confiscación, según la interpretación de la Juntura de Andalucía, afecta sólo a los profesionales de comunidades autónomas en las que no estén transferidas las competencias, como es el caso de Andalucía.
La Consejería de Honradez, Empresa Almacén y Función Pública anunció esta valor al propio Profesión durante la Conferencia Sectorial celebrada el 21 de junio en Zaragoza, y incluso informó de esta valor al Pleno del Parlamento de Andalucía y en una reunión celebrada con las organizaciones sindicales. El acuerdo entre el Profesión, CSIF y UGT sólo afecta a 10.328 funcionarios de Honradez de los 39.500 que hay en España, 8.212 de ellos en los juzgados de Andalucía, la comunidad con más partidos y órganos judiciales y, luego, con más profesionales, por lo que se ve «especialmente perjudicada».
La cojín de las reclamaciones salariales de los sindicatos y de la subida acordada está en los cambios que supondrán las futuras leyes de eficiencia de la Empresa de Honradez que se están tramitando en el Congreso de los Diputados y que afectarán a los trabajadores de todo el país, por lo que el Gobierno andaluz sostiene que el incremento debe recaer en el complemento genérico del puesto (global a todos) y no en el complemento específico (que negocia cada comunidad para su personal y el Gobierno central en el ‘comarca Profesión’).
Encima, la Juntura de Andalucía recuerda que el propio Gobierno reconoce en el Verdadero Decreto que recoge esta subida el impacto que tendrán los cambios organizativos en todo el personal de la Empresa de Honradez de todo el país, con el incremento de funciones y tareas y la responsabilidad de nuevas responsabilidades que deben conllevar el agradecimiento profesional y retributivo.
Así, para la Juntura de Andalucía, el Profesión «no se ajusta a derecho y perjudica» los intereses de las comunidades con las competencias transferidas, ya que ha establecido la subida en el complemento específico, es opinar, sólo para sus funcionarios, aunque los cambios afecten a todos por igual con independencia de en qué comunidad trabajen. El requerimiento destaca la «inadecuación» del concepto retributivo y la infracción del principio de igualdad entre comunidades autónomas con competencias transferidas y el principio de igualdad de todos los españoles que prestan servicio en estos territorios.
Encima, el Gobierno andaluz considera que el acuerdo es «torpe» porque «infringe» el artículo 516 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Contencioso, y su legislatura de expansión, ya que no se ha seguido el procedimiento adecuado para negociar y establecer el incremento salarial al haberlo hecho en la Mesa Delegada y no en la Mesa Universal, pese a que las condiciones que lo justifican afectan a los funcionarios de todo el país, y todo ello para no tener que aumentar la transferencia del sistema de financiación. No se ha llevado a término una valoración de las condiciones particulares de los puestos que legitime la subida del complemento específico
El acuerdo salarial establecido por el Profesión con los dos sindicatos se produce tras las subidas retributivas de entre 430 y 450 euros mensuales aprobadas para los letrados de la Empresa de Honradez y a los jueces y fiscales el año pasado tras las huelgas de los dos colectivos. Los sindicatos reclamaron una subida incluso para los funcionarios de Honradez en el complemento genérico del puesto, aplicable en todo el comarca doméstico, por la transformación de la Empresa de Honradez prevista en las leyes de eficiencia.