El Tribunal Constitucional (TC) anuló la condena de seis abriles y medio de prisión que se le impuso por prevaricación en concurso con malversación en el caso de los ERE al exdirector universal de IFA/IDEA Miguel Arcángel Serrano Aguilar. El pleno del Tribunal Constitucional sigue el camino iniciado con la ex consejera socialista Bizcocho Álvarez, a la que absolvió de prevaricación.
Según informó la corte de garantías ayer, el tribunal -por siete votos frente a cuatro- ha aceptado parcialmente el procedimiento que presentó la defensa de Miguel Arcángel Serrano Aguilar, excargo del Instituto de Fomento de Andalucía (a posteriori, Agencia de Innovación y Explicación de Andalucía). Considera que la Audiencia Provincial de Sevilla y el Tribunal Supremo interpretaron mal el delito de prevaricación y vulneraron su derecho a la presunción de inocencia.
La mayoría de la corte de garantías ha patente que se ha vulnerado el derecho a la licitud penal y a la presunción de inocencia del recurrente. Se abre el camino a que se borre este delito en el resto de bienes, entre ellos el del expresidente andaluz José Antonio Griñán, castigado todavía a seis abriles de prisión por malversación. Su caso se verá en dos semanas.
Esta osadía contó con los votos particulares de los magistrados del ala conservadora Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo y César Tolosa y de la magistrada Concepción Espejel. Según ha informado el TC, todavía hay un voto concurrente de la magistrada del ala progresista María Luisa Segoviano.
Tanto la Audiencia de Sevilla como el Supremo consideraron que Serrano Aguilar firmó, en su calidad de director universal del IFA/IDEA, convenios particulares con la Dirección Caudillo de Trabajo y Seguridad Social para el plazo de ayudas sociolaborales y empresas en crisis con cargo a los fondos de la partida presupuestaria 440 del software 3.1 L de las respectivas leyes de Presupuestos.
Los convenios
Ahora, el Constitucional fija que entreambos tribunales realizaron una interpretación y aplicación imprevisible del delito de prevaricación, prohibida por el derecho a la licitud penal. Según el tribunal, aunque las firmas de convenios particulares puedan ser consideradas resoluciones recaídas en asunto burócrata, no puede revalorizarse que incurran en arbitrariedad porque estaban amparadas en las leyes de Presupuestos de Andalucía 2002-2009. Los magistrados sostienen que “no puede” decirse que la proceder amparada en las leyes de presupuestos es ilegal cuando esa proceder se lleva a extremo de acuerdo con lo que las memorias de las leyes de presupuestos establecen al respecto.
Así las cosas, el TC entiende que la condena a Serrano Aguilar por el delito de malversación es contraria al derecho a la licitud penal. Asimismo considera que la condena vulnera su derecho a la presunción de inocencia porque, a su motivo, las sentencias de la Audiencia de Sevilla y del Supremo no argumentaron lo suficiente que el exdirector del IFA fuese quien dispusiera de fondos públicos para fines distintos a los previstos.
El Pleno abordó el caso de Serrano Aguilar a posteriori de que el 18 y 19 de junio resolviera los amparos de los exconsejeros José Antonio Viera y Bizcocho Álvarez. Al primero le desestimó el procedimiento porque su argumentación era genérica; a la segunda, le estimó parcialmente el procedimiento al anular la condena y ordenar a la Audiencia de Sevilla que dictara una nueva sentencia que rebaje la pena.
El Constitucional tiene reservados hoy y mañana para continuar deliberando sobre una depósito de asuntos, entre los que figuran otros cuatro bienes relativos a los ERE: el del exconsejero de Empleo Antonio Fernández, el de la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, el del exconsejero de Probidad y Distribución Pública Jesús María Rodríguez Román y el del exconsejero de Innovación Francisco Vallejo.
Ayer, el corregidor de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (PP), sostuvo que “es difícil creer en el Constitucional en estos momentos, muy difícil. Porque hay un variable 7 contra 4, y pase lo que pase, sea el asunto que sea y suceda lo que suceda. Y eso yo creo que a los ciudadanos les hace muy difícil, sinceramente, creer en el Tribunal Constitucional”.