«Los hechos objeto de investigación no pasan del adiestramiento oficial del derecho de manifestación. Pretender poco diferente no es más que la criminalización del adiestramiento de los derechos fundamentales». Así reza el escrito que Carles Puigdemont ha remitido a la magistrada del Tribunal Supremo Susana Polo para solicitar la aplicación de la ley de Condonación y el archivo de la investigación por terrorismo contra él, por las protestas que convocó la plataforma tras la sentencia del ‘procés’.
Su defensa, que ejerce Gonzalo Boye, apunta en sus alegaciones que las hechos investigados «ni de ocurrir existido, serían constitutivos de delito alguno». Recuerda encima que el Consejo de Europa ya recomendó prescindir de criminalizar a manifestantes catalanes, presentando las protestas como «si se tratase de delitos de terrorismo», lo que conllevaría la «banalización del propio concepto de terrorismo».
El abogado señala además que entre las exclusiones del olvido penal se alude a los actos que puedan ser calificados como terrorismo según la directiva europea, o causar intencionadamente violaciones de los derechos humanos. Entre éstas que «nadie podrá ser privado de la vida intencionadamente». A este respecto, subraya que, pese a las especulaciones, la asesinato de un ciudadano francés en el aeropuerto de Barcelona, durante la primera protesta de la plataforma, fue fortuita y «de ningún modo intencionada». «Y, menos aún, relacionada con las manifestaciones de Tsunami». Sino por las «propias circunstancias y padecimientos médicos del fallecido», que sufría problemas cardíacos.
«En definitiva, en el caso que nos ocupa, es evidente que no estamos frente a ninguna violación circunspecto o manifiesta de los derechos humanos y, luego» no concurre su restricción del olvido penal. La defensa de Puigdemont sostiene que, por muy concurridas que fuesen las manifestaciones tras la condena del 1-O, éstas se enmarcan en el adiestramiento de un derecho y por ello solicita el sobreseimiento redimido para su cliente.
La Audiencia Doméstico instruye las pesquisas sobre el caso Tsunami desde hace casi cinco primaveras. Fue el pasado febrero, cuando la Sala Penal del Supremo acordó investigar por terrorismo a Puigdemont, entonces eurodiputado, -y además al republicano Ruben Wagensberg-.