La ministra de Vivienda y Memorándum Urbana, Isabel Rodríguez, anunció ayer que el Gobierno impulsará una nueva redacción de la Ley de Propiedad Horizontal que “ajuste y clarifique” los términos en los que han de participar las comunidades de vecinos para que tengan capacidad de atrevimiento sobre si permiten o vetan el establecimiento de pisos turísticos en su liga de edificios.
De igual modo, avanzó que el Gobierno tramitará de forma urgente un actual decreto ley para que los alquileres temporales se incluyan interiormente de la plataforma de registro único que el Ejecutante quiere crear al amparo del reglamento de la Unión Europea 2024/1028, por el que se regula el intercambio de datos relativo al servicio de locación de alojamientos de corta duración, del que además formarán parte los alquileres turísticos.
Así lo trasladó la titular de vivienda tras la reunión con el rama de trabajo sobre la regulación de los alquileres temporales, en la que ha detallado que el Ejecutante recogerá además en este actual decreto las condiciones que han de cumplirse para que los alquileres temporales acrediten la causalidad a la hora de formalizar el acuerdo y, de esta modo, demostrar que efectivamente “el acuerdo se debe al interés de la temporalidad y no está ocupando otro tipo de contratos necesarios para el ampliación de la vida ordinaria”.
“Este engendro está tensionando el mercado del locación, al tiempo que esa tensión genera un incremento de precios, del mismo modo que los alojamientos turísticos tensionan el locación residencial y contribuyen al incremento de precios”, ha manifestado Rodríguez.
ALOJAMIENTOS Y CAUSALIDAD
Tal y como dijo la ministra, en la reunión con diferentes representantes de distintos ministerios, organizaciones del sector y agentes sociales, han concluido que es “necesario” establecer todos los mecanismos para no esquivar la Ley de Arrendamientos Urbanos y amparar el alojamiento de temporada.
“Los alquileres de temporada son para lo que efectivamente son”, ha sentenciado Rodríguez. Para ello, ha indicado que se desarrollará el artículo 3 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), así como el reglamento de la Unión Europea 2024/1028 sobre el intercambio de datos relativo al servicio de locación de alojamientos de corta duración.
Por ello, se exigirá a los alojamientos de temporada que justifiquen la causalidad que les lleva a no acogerse a un tipo de locación ordinario, con el objetivo de que no se “abuse” del acuerdo de locación temporal y, utilizando los registros autonómicos y locales, que estos alquileres temporales formen parte de la plataforma de registro único del Gobierno.
Respecto a la plataforma, Rodríguez ha indicado que, con ella, se pretende establecer un sistema similar al de una “matrícula” para que se sepa si una vivienda es protegida, temporal o turística.
“Uno no puede tenerla en temporal y en turístico al mismo tiempo, porque entonces poco no está saliendo proporcionadamente”, dijo, a la vez que defendió este sistema como una modo de combatir el “fraude” que se está produciendo en algunas viviendas que se ponen como locación temporal, pero luego en verano se establecen como turísticas.
El actual decreto en verano, la plataforma el año 2025
Al ser preguntada por plazos, Rodríguez dijo que el Gobierno tiene previsto que esta plataforma esté directorio en 2025, pero se va a intentar poner en marcha “todo lo rápido que nos permita la tecnología y los desarrollos que hemos de implementar”.
Por su parte, asegura que el actual decreto que quiere impulsar el Gobierno podría estar dispuesto a finales de verano. “La idea es tramitarlo con absoluta ligereza en el seno del Gobierno y, luego, en las próximas semanas le daremos toda la celeridad que le podemos dar, cuidando los trámites de exposición pública a la ciudadanía”.
En relación a la nueva redacción de la Ley de Propiedad Horizontal que el Gobierno quiere impulsar, Rodríguez ha defendido que, con ello, buscan “empoderar a los vecinos” para que su atrevimiento sea “determinante” a la hora de aceptar o no la implantación de una actividad económica en sus fincas.
Así, el Gobierno ajustará la redacción de la Ley de Propiedad Horizontal para avalar la autorización o veto por parte de los vecinos a este tipo de actividades económicas.
Para ello, se quiere clarificar que el locación de pisos turísticos es una actividad económica, lo que tendría además una repercusión desde el punto de perspicacia fiscal, como, por ejemplo, a través de una repercusión del IVA.
Vivienda comenzará a reunirse esta semana con grupos parlamentarios, sectores económicos afectados y agentes sociales a fin de avalar “los apoyos necesarios para un ajuste quirúrgico restringido” a esta cuestión.
Rodríguez volvió a designar a todas las comunidades autónomas que se vean afectadas por el engendro de los pisos turísticos y a los ayuntamientos que lo sufran, a que “regulen si es necesario, a que limiten si es necesario y si es necesario, como ha hecho el corregidor de Barcelona, se prohíba”.