La subida de los precios de la vivienda en liquidación y en inquilinato especialmente en los grandes núcleos urbanos y el crecimiento constante del número de viviendas con fines turísticos se están consolidando como una de las prioridades sociales en la población y como la colchoneta de protestas como las registradas las últimas semanas en Cádiz o Málaga. Delante este aberración, señalado especialmente por los grupos de la examen en el Parlamento, la Acoplamiento de Andalucía mantiene una secante argumental clara: el problema tiene su origen en la ley estatal que ha provocado una caída de la propuesta residencial y como respuesta el Gobierno andaluz promoverá en las próximas semanas su primera ley de vivienda, que sustituirá la aprobada por el Parlamento autonómico en el año 2010.
«El problema de la vivienda es que la inseguridad jurídica ha provocado que se dispare el precio de la operación y inquilinato de vivienda por una norma estatal intervencionista y la desidia de obra nueva en los últimos abriles», resumió la consejera de Fomento, Orden del País y Vivienda, Rocío Díaz, quien puso encima de la mesa los últimos datos elaborados por el Sotabanco de España.
Según el posterior noticia, fechado el pasado mes de abril, en estos momentos hay un obligación de obra nueva para atender la demanda de en torno a 60.000 viviendas, una emblema que aumentará en otras 30.000 unidades entre 2024 y 2025. En total, faltarán 90.000 nuevas viviendas.
Revertir esta tendencia será uno de los objetivos de la nueva ley andaluza de vivienda que aprobará el Consejo de Gobierno en julio y que pretende fijar un entorno normativo completamente opuesto al del Gobierno de España: «La ley andaluza viene a reparar el daño de la ley estatal y a cuidar el golpe de los andaluces a una vivienda. Será un cambio sustancial en las políticas de vivienda, para hacer verdadero y efectivo el derecho de los andaluces a una vivienda digna y adecuada». Sí tiene decidido la Acoplamiento que no tendrá fundamentos intervencionistas y que en ningún caso, como reclaman PSOE o Por Andalucía, la comunidad autónoma se acogerá a la posibilidad de decidir zonas tensionadas prevista en la norma estatal.
Viviendas turísticas
Los grupos de la examen aprovecharon la comparecencia en el Parlamento por otra parte para retornar a denunciar la «desidia de regulación» en torno a las viviendas con fines turísticos y la «insuficiencia» del decreto permitido el pasado mes de febrero por la Consejería de Turismo y Civilización.
En este sentido, la consejera Rocío Díaz defendió las posibilidades que abre el decreto autonómico a los ayuntamientos. Coincidiendo con este debate, en Cádiz, el PP Andaluz, puso como ejemplo a este concejo por su atrevimiento de suspender cualquier nueva abuso de vivienda turística en el casco antiguo, una posibilidad que otros ayuntamientos como es el caso de Sevilla estiman que no es posible con el coetáneo entorno procesal.