La Fiscalía considera que el corregidor de Orense, Gonzalo Pérez Jácome, «se extralimitó y vulneró el derecho a la décimo política» por su forma de dirigir los plenos municipales, un asunto que ha llegado a los magistratura por la denuncia de la concejal socialista Natalia González.
La clarividencia, celebrada este jueves con presencia de Jácome y González sin que los dos tuviesen que tomar la palabra delante el sentenciador, procede de la denuncia presentada por la concejala del PSOE en noviembre en demanda de la protección de los derechos de décimo política en el comunidad.
Durante el seso, el Profesión Fiscal ha solicitado la estimación de la demanda al considerar que el corregidor y líder de Democracia Ourense «se extralimitó y vulneró el derecho a la décimo política». Por otra parte, considera que «el jerigonza», «las interrupciones» o las maneras de dirigirse a los ediles «con alusiones personales» son «tremendas».
Por su parte, la reproche particular pide que se dicte sentencia estimando la proceder del corregidor «contraria a derecho y vulneradora de derechos fundamentales» durante la sesión plenaria del 26 de octubre.
Asimismo, solicitan que se condene al regidor municipal a la publicación de la sentencia estimatoria en la web oficial de la corporación almacén del comunidad, con ataque divulgado a la misma, y que proceda a su recitación íntegra en el primer pleno que se celebre tras el laudo estimatorio.
Durante la clarividencia hablado, recogida por Europa Press, la letrada de la reproche particular representando a Natalia González ha sentenciado que «el giro de los plenos de Orense no es el adecuado en un estado tolerante».
En este sentido, ha apuntando que «nadie discute» que sea el regidor municipal el que deba dirigir las sesiones, pero «sí» que ponen censura «las formas» en las que lo hace porque «en el pleno se representa al pueblo» y las formas «no benefician a los ciudadanos de Ourense y siquiera al estado tolerante». Por ello, considera que «hay que reconducir en dirección a la normalidad democrática».
Denuncia
La concejal y portavoz del especie Municipal Socialista de Orense, Natalia González, interpuso en el pasado mes de noviembre un procedimiento para que se protegiesen los derechos fundamentales a la décimo política en el comunidad.
Para los socialistas «son habituales» las actuaciones del corregidor en las que deniega la palabra durante las celebraciones de las sesiones plenarias. El caso denunciado se remite al 26 de octubre del 2023, cuando todavía la secretaria caudillo del partido en Orense denunció que Jácome se «extralimitaba» en sus funciones al no dejar susurrar al interventor.
En el mismo pleno siquiera le dio el turno de palabra a la concejal cuando reclamó por alusiones directas al atribuirle el regidor afirmaciones que no había realizado y solicitó poder reponer a las mismas.
A pesar de insistir en su derecho a la décimo le indicó el corregidor que tenía una indicación al orden y que si continuaba hablando sería expulsada del salón de plenos, misma situación que vivió el portavoz del especie municipal del Monolito Nacionalista Galego, Luis Seara, que todavía insistía en que el interventor pudiese participar en el debate.
Seguidamente, cuando Natalia González empleó su intervención en una moción para reponer a las alusiones, el regidor apagó su micrófono.
Por otra parte, los socialistas recriminan que Jácome interviene en las sesiones plenarias en cualquier momento, «incluso interrumpiendo» a los concejales y lo hace «sin periferia de tiempo». Todo ello para «realizar cualquier tipo de valoración personal subjetiva o política», que consideran «improcedente o despectiva».
Por todo ello, delante el magistratura contencioso oficinista de Orense presentaron un procedimiento en el que esgrimen que el pleno debe realizarse con un respeto definitivo a los derechos fundamentales de aquellos que componen la corporación municipal, y con respecto a los principios de objetividad, rectitud y de interés caudillo de la corporación municipal, así como con fiel cumplimiento del Actual Decreto 2568/1986 del 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Estructura Funcionamiento y Régimen Legal de las entidades locales.