Sentencia del juicio celebrado hoy ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León, ante el demanda presentado por UGT y CCOO contra un acuerdo de la Junta de Castilla y León y la orden de la Consejería de Empleo de 13 de abril de 2023 que planteaba una Financiación “condicional” para el Servicio Regional de Relaciones Laborales (SERLA), el sistema autónomo de resolución de conflictos de la Comunidad.
Asimismo, en la vista compareció la Fiscalía del Estado para defender al SERLA frente a las medidas adoptadas por el Ministerio de Industria, Comercio y Empleo. Inicialmente, la Junta planteó la desaparición de este servicio de mediación, y luego garantizó su continuidad, pero con menos funciones y con una reestructuración interna, que pasa por una financiación “adecuada”. Además, propuso dejar de abordar conflictos individuales, cambiar de sede y reducir el número de mediadores.
El subsecretario general de Política Sindical de UGT, Fernando Luján, instó a la Junta y a su presidente, Alfonso Fernández Mañueco, a “reorientar” la situación del SERLA, tras recordar que La demanda busca defender “el sistema constitucional de relaciones laborales».
En ese sentido, Fernando Luján exigió a Fernández Mañueco y a todo aquel que se defina constitucionalista defender la Constitución española, ya que denunció que “pisoteando” la Carta Magna desde que la “ultraderecha” entró en el Gobierno comunitario y empezó a atacar, a su juicio, los sindicatos y la libertad sindical. Esto, dijo, no es ser “constitucionalista”, ni “demócrata”, ni siquiera europeo.
Al respecto, el dirigente de UGT denunció que La Junta ataca el modelo de convivencia, relaciones laborales y resolución autónoma de conflictos. “No se trata de financiar a los sindicatos, sino de responder cuando hay una huelga o un conflicto colectivo y cuando un trabajador o una empresa decide acudir a la jurisdicción social a exigir un derecho”, afirmó. Además, señaló que “se ataca el derecho a la tutela judicial efectiva” al negar la existencia del SERLA.
Además, Luján indicó que esperan que la justicia ordene a la Junta restablecer un “SERLA de calidad, suficientemente financiado y respetado“, ya que señaló que además de la sentencia judicial, la Junta tendrá que reconstruir las relaciones laborales de la Comunidad, que destacó “han funcionado admirablemente bien durante más de 30 años”. Para ello, indicó que el “institucional “el respeto” que merecen los sindicatos tendrá que ser reconocido.
Finalmente, el vicesecretario general de Política Sindical de UGT señaló que El Gobierno de España debería actuar con la “misma contundencia” contra las decisiones de la Junta que lo haga con quienes incumplan la Constitución.
Por su parte, Cándido Alonso, adscrito a la Secretaría de Acción Sindical, Salud Laboral y Medio Ambiente de CCOO en la Comunidad, afirmó que se trata de otro “intento”. de atacar el derecho de negociación colectiva y la autonomía de las partes, por lo que aseguró que intentan “estrangular” a SERLA a través de financiación. Esto, añadió, es “ilegal” y añadió que la financiación “condicionada” supone asumir competencias que no les corresponden.
CCOO espera que la sentencia resultante de este juicio, el Gobierno autonómico se vea obligado a rectificar y el SERLA continúa su funcionamiento y se cumple el acuerdo firmado por el presidente de la Comunidad en esta materia en 2019. en el ámbito del Diálogo Social. En 2022, recordó, se citaron actos de conciliación y mediación en conflictos individuales en relación a 3.534 procedimientos y se gestionaron alrededor de 4.500 expedientes. En cuanto a conflictos colectivos, se procesaron 341 expedientes, la segunda cifra más alta en la historia de Serla.