El Servicio de Protección de la Naturaleza de la Cuidado Civil (Seprona) ha localizado y desactivado un criadero clandestino de perros de raza ‘yorkshire’, estable en Valle de Santibáñez (Burgos), y ha denunciado a su propietario por el comercio de ejemplares a través de redes sociales, así como por varias negligencias.
Adicionalmente del criador, ha sido identificado y denunciado un veterinario que, en connivencia con él, prescribía receta sin récipe mediante albaranes.
Hace unas semanas, el Seprona de la Comandancia de Burgos recibía información anónima relacionada con la presunta saldo de perros por un particular no profesional a través de redes sociales. El hombre, a su vez, regentaba un posible criadero de mascotas de raza ‘yorkshire’ carente de las debidas autorizaciones.
Tras contrastar la comunicación y obtener detalles sobre la ubicación del supuesto criadero, practicaron una inspección a las instalaciones en presencia del titular. El inmueble estaba dividido en dos estancias, una dedicada a la cría y habitabilidad de los canes y otra para almacenamiento de material y receta.
La distribución de la vivienda
En la primera sala, acondicionada a su vez en nueve cheniles y en donde se hallaron igualmente cuatro transportines, habitaban un total de 77 ejemplares, de los cuales 49 eran adultos y 28 cachorros menores de tres meses de existencia. Todos ellos carecían de las debidas dimensiones de habitabilidad exigibles para su bienestar y esparcimiento.
La repaso de microchips destapó que 28 de ellos no lo tenían implantado y que otros 20 siquiera habían sido vacunados ni desparasitados con las dosis obligatorias, negligencia que puede repercutir en enfermedades para los humanos y implicar graves consecuencias para los cánidos, incluso su crimen.
La segunda estancia estaba reservada para el almacenamiento de medicamentos. La abundante receta hallada, alguna ya caducada, carecía de récipe, había sido ‘prescrita’ por un veterinario mediante la confección de albaranes, que no justificaban su posesión y delegación.
El propietario siquiera poseía la documentación necesaria para atestiguar el criadero, ni deshonestidad ambiental e inscripción en el registro de núcleos zoológicos de Castilla y Audaz. Los animales que criaba eran puestos a la saldo a través de redes sociales, a un precio que oscilaba entre los 200 y los 1.500 euros.
Las irregularidades observadas son la abandono de documentación, tenencia de receta caducada y expedición sin récipe y han sido puestas en conocimiento del cabildo del municipio y de la Agrupación de Castilla y Audaz en Burgos.