Desde el exógeno, las ventanas llenas de polvo y telas de araña ya advierten del estado deplorable en el que se encuentra el inmueble que hace ahora seis primaveras Ana Fernández decidió arrendar. Hasta hace tan solo unas semanas, la maleza cubría un hórreo y los establos aledaños de esta casa rural localizada en el concello coruñés de Oza-Cesuras. Fue en esos establos, precisamente, donde la inquilina instaló un criadero ilegal de perros.
En el interior de la casa, el panorama es espeluznante: heces de perros en los pasillos, pelo de los animales, paredes y puertas rayadas… “Nunca había manido un caso similar”, señala el abogado de la propietaria. Y no es para menos: decenas de canes fueron encontrados en estado de descomposición tanto en el establo, como en el interior de la residencia.
Al principio, explica Ana, “todo iba correctamente”. Una pareja arrendó su propiedad diciéndole que tenían unos perros y que se dedicaban a la cría, “pero que no iba a criarlos en la casa”, apunta el abogado. Luego se separaron y, a partir de ahí, empezaron los problemas: “Ella empezó a no proceder allí y dedicó la finca a una rancho de cría de perros ilegales”.
Cadáveres, excrementos y “un olor inmundo”
A Ana empezaron a llegarle reclamos de impagos de luz, basura y agua. Al mismo tiempo, algunos vecinos empezaron a contactar con los propietarios por la maleza descontrolada e incluso la presencia de ratas o plagas de pulgas. Fue en ese momento cuando decidió pedir ayuda.
En 2023, la Guripa Civil acudía a la vivienda para constatar que “en un pajar situado frente a la vivienda, se observa el despojos en estado de descomposición de un perro”. Estaba en el interior de una canariera metálica, adyacente a la cual había “restos de pelo de lo que pudiera ser otro animal muerto”.
Por otra parte de los cadáveres, los agentes hallaron excrementos que evidenciaban el dejadez, así como “un olor inmundo”. Los ladridos de más animales en el interior de la casa alertaron nuevamente a los agentes, que decidieron poner el asunto en manos del SEPRONA.
La inquilina rechazó las acusaciones de maltrato, llegando a presentar contra Ana hasta tres denuncias por invasión, amenazas y coacciones, que fueron sobreseídas, según informa el abogado de la propietaria.
“Un auténtico maraña jurídico”
Él mismo señala que, ahora mismo, se encuentran en “un auténtico maraña jurídico”: “La mujer presentó documentos falsificados en el procedimiento civil de desahucio, afirmando que había entregado el suelo en perfectas condiciones y con recibos falsificados de la firma del marido de Ana”, apunta.
Concretamente, la inquilina tiene dos procedimientos penales abiertos: “Uno por falsedad documental y estafa procesal; otro por maltrato animal y daños y un proceso civil de desahucio, porque debe cerca de 10.000 euros en rentas y no menos de 10.000 en daños”.
Por delante, un dilatado proceso jurídico y, además, labores de fregado –que se prolongarán meses–. De hecho, los daños causados por la descomposición de los animales en la estructura de madera de la casa podrían implicar que haya que derruir parte de la estructura.
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