El Tribunal Superior de Neutralidad de Cataluña (TSJC) ha suspendido el decreto lingüístico apto por el Govern de ERC el pasado 14 de mayo, dos días posteriormente de perder las elecciones, cuando ya estaba en funciones, y que trataba de fortificar la inmersión en las escuelas de Cataluña.
El utilitario, al que ha tenido ataque EL MUNDO, señala que la norma impugnada por la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), “puede situar en una posición insignificante a la unión castellana en la enseñanza, puesto que solamente se garantiza la posición prevalente y vehicular del catalán, intensificando el maniquí único inmersivo” en las escuelas de Cataluña.
Adicionalmente, subraya el escrito del Detención Tribunal catalán que el decreto viene a “desarrollar” el decreto y la ley gramática aprobadas por la Generalitat y el Parlament en 2022 para impedir la ejecución de la sentencia que obliga a impartir un 25% de castellano en todos los colegios de la región y que actualmente analiza el Tribunal Constitucional para determinar su justicia.
El decreto ahora suspendido permitía a la Generalitat nutrir el catalán como única unión vehicular garantizada haciendo caso omiso a diferentes sentencias del Tribunal Superior de Neutralidad de Cataluña, el Supremo y el Constitucional que exigen que el gachupin tenga la misma consideración.
El nuevo régimen apto por el Govern y ahora frenado por el TSJC además especificaba la vehicularidad del catalán en las actividades complementarias, extraescolares y comunicaciones internas y externas con los miembros de comunidad educativa.
El Ejecutante de Pere Aragonès pretendía dejar como herencia un utensilio procesal para regular la elaboración, el seguimiento y la evaluación de los proyectos lingüísticos de los centros, que contemplan aspectos como los indicadores de evaluación de las lenguas, el proceso de enseñanza de cada idioma o la formación del profesorado en competencia gramática.
Por otra parte, el decreto determinaba la competencia gramática tanto de los alumnos como de los docentes, que, en el caso de centros no universitarios, deberán acreditar el conocimiento superior verbal y escrito del catalán, el denominado certificado C2.