Madrid vuelve a recurrir, por segunda vez, ante los tribunales contra el impuesto a las grandes fortunas implantado con carácter retroactivo por el Gobierno Central. Si la primera vez fue un recurso ante el Tribunal Constitucional, en marzo, ahora se trata de un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, contra la orden ministerial que aprueba el modelo para su liquidación. Se trata, explicó el ministro de Presidencia y portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García, de un ejercicio de “coherencia” con la denuncia anterior. De hecho, el ejecutivo prevé recurrir todos los trámites administrativos que esta ley conlleva.
Ayer se conocieron las cifras de recaudación obtenidas por este impuesto. Y en el caso de Madrid, supusieron 555 millones de euros, el 90 por ciento de la recaudación tributaria total. Lo que refuerza al Ejecutivo regional en su idea de que se trata de una nueva figura impositiva creada expresamente “para perjudicar a Madrid y Andalucía”.
Según el portavoz del Gobierno regional, hay seis aspectos en los que creen que la ley es incorrecta. Por un lado, porque invade las competencias autonómicas, ya que crea un impuesto para dejar sin efecto las competencias tributarias en materia de Patrimonio que tienen las autonomías, lo que “rompe el principio de lealtad institucional”. Por otro lado, sostienen, se rompe la autonomía financiera de las comunidades, ya que la ley afecta a la política fiscal de cada región.
En tercer lugar, el Gobierno de Madrid lo considera una “vulneración del principio de igualdad” porque “no todos los contribuyentes españoles reciben el mismo trato, sino que afecta principalmente a madrileños y andaluces”.
En cuarto lugar, entienden que ha habido violación del procedimiento, ya que el impuesto “fue aprobado con un procedimiento que impedía a los diputados presentar modificaciones, y no contaba con informes de ningún tipo”.
El nuevo impuesto supone un “perjuicio a la seguridad jurídica, al tener efectos retroactivos”: tuvo efectos para todo 2022, pese a que entró en vigor el 29 de diciembre de ese año. Esto supuso, añaden, “un grave perjuicio a los ciudadanos que no esperaban soportar esa carga fiscal en ese año, vulnerando el principio de seguridad jurídica”.
Finalmente, entienden que existe una “absoluta desmotivación” para implementar el nuevo impuesto, dado que “no hay una necesidad real de recaudación, ya que se ha alcanzado una cifra récord en estos momentos debido a la situación económica y a la excesiva presión fiscal”. practicada por el Gobierno de España en materia de política fiscal.
Miguel Ángel García insistió en que seguirán “luchando contra este impuesto”, sobre todo tras comprobar que están “dejando de atraer inversiones, riqueza y empleo”, debido al rechazo que este tipo de figura impositiva genera entre los inversores extranjeros: “Muchos ya lo han hecho”. Nos dijeron que no vienen a España a invertir por esa inseguridad jurídica.
A principios de año, el Gobierno regional hizo un cálculo de lo que esperaba perder con este impuesto a las grandes fortunas: pensaba que podría tener un impacto de entre 1.200 y 1.600 millones de euros anuales en reducción de inversión. extranjero.
En Madrid, el Impuesto sobre el Patrimonio está 100% subvencionado desde 2008, lo que significa que el nuevo impuesto se aplicó en contra de los criterios que mantenía el Gobierno regional. Ayer, el concejal García defendió la política fiscal de Madrid, que “está funcionando: Madrid recauda más por el círculo vicioso de tener impuestos bajos y una economía sana”.
El nuevo impuesto se implementó de forma temporal, pero ayer la ministra de Economía, María Jesús Montero, ya apuntó que el Gobierno baraja alguna “fórmula” permanente para gravar a las grandes fortunas en España. Algo que, en opinión del Gobierno madrileño, envía un mal mensaje a los inversores, por lo que piden a Montero “menos sectarismo” y que -dijo el consejero- “apoyen” sus políticas, que “están funcionando”. En su conclusión, “atraer inversiones, riqueza y trabajo debe ser el objetivo del país”.