El menú de los últimos días de un clase de hombretones fornidos alojados en pueblos de Albacete consistía en raciones de fruta cogida de los árboles que ordeñaban en jornadas de entre doce y catorce horas. «Hasta que no acabe el mes no te plazo», les decían quienes los habían contratado tras exprimirlos de billete y dignidad. El sueño del salario prometido de entre 1.400 y 1.600 euros cuando los ‘seleccionaron’ en sus pueblos de Senegal y Marruecos era eso: un sueño, un enjambre de mentiras, como ha revelado la operación Bomvoyage de la Centinela Civil de Albacete.
El Reunión de Información de esta Comandancia ha detenido a 13 personas e investiga a otras seis, miembros de una ordenamiento criminal internacional, encabezada por empresarios agrícolas de la provincia, por cuidar la inmigración irregular a través de procedimientos de contratación en origen (contingentes GECCO). Los acusa adicionalmente de explotación profesional, falsificación de documentos mercantiles, estafas y fraudes a compañías de seguros y en subvenciones públicas.
Es la punta del iceberg. En los tres últimos primaveras han traído a España a más de 300 trabajadores con estos procedimientos ilegales pero las pesquisas se dirigen a cientos de regularizaciones irregulares basadas en un proceso de tradición fraudulento, según fuentes de la investigación. Las declaraciones de algunas víctimas, estafadas y tratadas como esclavas, agrandan las sospechas. La estimación es que habría hasta 700 casos.
«Todo era un patraña desde el principio porque el manipulación ya empezaba en el proceso selectivo y se extendía hasta el final», explican las fuentes consultadas. El punto de partida es completamente judicial pero torsionado por los implicados para sacar tajada de todo el procedimiento, que se sostén en la migración circular: la contratación de personas en terceros países para cubrir puestos de trabajo temporales. Al apurar la campaña, los trabajadores regresan a su casa. En España se realiza a través de la trámite colectiva de contrataciones en origen. Una empresa propuesta puestos de trabajo para que un número de extranjeros, tras sobrevenir un proceso de selección, vengan a nuestro país de forma judicial y con un trabajo protegido. El patrón asume todos los gastos de transporte, alojamiento, manutención y colaboración sanitaria, y opta a diferentes ayudas o subvenciones del Estado. Esa era la teoría.
Bomvoyage ha destapado cómo aprovecharse del procedimiento para conseguir ‘Kunta Kintes’, esclavos laborales a precio de saldo, engañando a los trabajadores y a la Compañía. Las ofertas de la empresa Frutalinda S. L., radicada en Hellín (Albacete) llegaban a Senegal y Marruecos. Para 200 plazas, por ejemplo, se apuntaban hasta 60.000 candidatos.
De ellos se seleccionaba (supuestamente por sorteo, pero no era así) a un millar y el día del proceso selectivo el representante de la empresa que viajaba a la zona, con alguno del Gobierno castellano y del senegalés, elegía a los candidatos más cualificados. Eso sobre el papel. Porque los seleccionados habían sido previamente captados por los facilitadores de allí -con los que los empresarios actuaban en connivencia- y esa captación pasaba por el previo plazo de entre 4.000 y 6.000 euros, unas cifras millonarias en francos cefas que han arruinado a familias enteras.
«La audacia era del empleador, que viajaba con listados en la mano, ya hechos. Los que habían pagado llevaban signos distintivos de vestimenta o complementos como les habían arreglado. Los pagos en teoría eran para tasas, alojamientos, delirio, etcétera, billete que tenía que aportar la empresa y que se ahorraba», indican las fuentes.
«Se fugan la centro»
Las víctimas, sin conocimiento ni del castellano ni de leyes, pagaban lo que les pedían porque para ellos y sus familias era una inversión de futuro: jóvenes de clase media que tras unos meses podrían devolver a los suyos el billete empleado. Disimulo, miseria y vulnerabilidad eran las tres patas de las que se aprovechaban sin ningún escrúpulo.
El 10 de junio fue la primera período de la operación. La Centinela Civil detuvo a varios altos cargos de la compañía agrícola que había creado empresas recientes solo para administrar el contigente de temporeros. En 2022 habían pedido 100 trabajadores extranjeros, pero tras la campaña de recogida de fruta no regresaron a Senegal. Al año próximo piden 200 y sucede lo mismo. «Vemos que hay una anomalía, se fugan la centro, muchos nadie más presentarse y este año detectamos que piden más de 400 trabajadores, pero ni de allí necesitaban esa cantidad de mano de obra», detallan los especialistas.
La ordenamiento, que contaba con asesores jurídicos, captadores en Senegal y Marruecos y gestores de los contingentes en España, así como facilitadores, sacaba tajada de todo. Los investigadores descubrieron que, una vez que llegaban los temporeros, si no querían cumplir el arreglo o no querían retornar a su país, ellos les ofrecían alojamiento, trabajos agrícolas precarios e incluso papeles. Si accedían, tenían que hacer nuevos desembolsos: esta vez entre 4.000 y 12.000 euros.
Comisiones por respirar
Los que sí trabajaban lo hacían en régimen de semiesclavitud: con jornadas de 12 y 14 horas y deduciéndoles billete por todo. La sueldo final tan pronto como alcanzaba los 200 euros mensuales. Les obligaban a firmar documentos, cuyo contenido no entendían, e incluso a contratar tarjetas bancarias o telefónicas de donde todavía se llevaban comisión.
Todo era negocio. Negocio abandonado, pero rentable. Para meter a los contingentes de trabajadores llegaban a acuerdos con instalaciones hoteleras o grandes fincas con mucha capacidad de alojamiento, aisladas y en desuso, alteraban los contratos e inflaban los precios, de forma que todavía sacaban otra tajada adicional de la diferencia entre la subvención pública y lo que los investigados pagaban en existencia.
La Centinela Civil en los registros encontró habitaciones repletas de literas, sin agua caliente en los baños y con cocinas precarias.
Los trabajadores debían sufragar comisión por todo: desde el transporte que les llevaba hasta los campos de frutales, hasta el hospedaje o los equipos de protección para trabajar. Si se ponían enfermos no cobraban y si los llevaban al médico les pasaban la realización del taxi.
Beneficio de medio millón
«El primer mes les quitaban todo lo posible por si se fugaban», continúan fuentes del caso. Cuando acababa la campaña, los empresarios sintiéndose amos y señores los ofrecían a otras empresas, pero seguían cobrándoles ellos el alojamiento. Se calcula un beneficio intrascendente de medio millón de euros, pero esta es una emblema muy conservadora porque se sospecha que hay cientos de víctimas más y no era la única forma de fraude.
Incluso mediaban con otros empresarios para que ofrecieran contratos a algunos irregulares a cambio de unos 1.000 euros de donde obtenían mas comisiones. Los daban de entrada un mes y luego los despedían, pero ya había una cojín para explicar el tradición. Se investigan numerosos contratos de este tipo con la connivencia de gestores y asesores. Una gestoría de Hellín fue registrada por los agentes. En esa entrada hubo otros dos registros y uno más en Alhama (Murcia). Se han bloqueado quince cuentas bancarias.
La prensa senegalesa ya estaba tras la pista de un facilitador específico que se publicitaba en redes sociales y que figura entre los detenidos. Era uno de los captadores de temporeros, previo plazo. La Centinela Civil con la Inspección de Trabajo entró tanto en la empresa como en los alojamientos y pudieron confirmar las infracondiciones e incluso la desatiendo de alimentos. Varios contaron que llevaban días comiendo solo la fruta que recogían. Los ‘Kunta Kintes’ de Senegal no fueron secuestrados pero el patraña los ha expuesto a una situación extrema que ha obligado a iniciar un procedimiento urgente para recolocarlos y ocultar la herida de los sueños en la cuneta.
Familias enteras en la ruina
«Soy la deshonra de mi clan, vendieron todo para que yo trabajara»
Las víctimas del comercio de los sueños acaban rotas: sin billete y mancilladas. Retornar a su casa con las manos vacías es una deshonra que se extiende al que sufre el patraña y a su clan. «Teníamos muchos problemas económicos, no podíamos presentarse a fin de mes. Era una gran oportunidad». La gran oportunidad, el sueño era ese delirio a España, judicial en apariencia, nueve meses de trabajo duro en el campo y un hucha estimado que permitiría a A. y a todos los suyos conducirse un par de primaveras en su pueblo senegalés. En la ilusión compartida se embarcó la clan entera. El salario rondaría los 1.500 o 1.600 euros mensuales, desquitados los entre 4.000 y 6.000 que tenían que sufragar a la ordenamiento (la primera estafa) y pese a los gastos de sobrevenir esos meses fuera aún quedaría un hucha considerable; tanto como para facilitarles la subsistencia uno o dos primaveras.
Pero el plan era una quimera y el destrozo imprescindible se deduce de las declaraciones de algunas de las víctimas que tan pronto como podían balbucir el báratro que empezaba para ellas. «Mi clan ha vendido todo lo que teníamos, casa y coche, para que yo pudiera venir. Me van a odiar todos cuando llegue sin nadie. Es una deshora para ellos y para los que nos conocen en mi pueblo».
Recolocar a los afectados
Tras la operación Bonvoyage, ironía contra la desesperación, la Subdelegación del Gobierno en Albacete ha puesto toda su maquinaria en marcha para intentar ocultar el destrozo, buscando recolocar a los afectados para que al menos puedan recuperar poco de ese billete apostado al sueño y robado por unos timadores con pátina de empresarios.
La alcahuetería de seres humanos con fines de explotación profesional supuso el 22 por ciento del total de este delito en 2022, según datos de la Fiscalía, una emblema que aumentó más del 4 por ciento respecto al año mencionado. Se estimaba entonces que «esa tendencia alcista de la alcahuetería profesional iba a persistir». Se abrieron más investigaciones, aunque se identificó a menos víctimas: 37. Explotaciones agropecuarias, servicio doméstico y construcción son los sectores económicos donde atraparon a los esclavos laborales.