El PP presenta una enmienda a la totalidad del uso de las lenguas cooficiales porque vulnera la Constitucin


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“La propuesta desplaza y desactiva la oficialidad del español como lengua oficial del Estado tal y como recoge el artículo 3 de la Carta Magna”, denuncian

Varios diputados con auriculares de traducción.
Varios diputados con auriculares de traducción, en el Congreso.bernardo daz
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El Partido Popular ha presentado una enmienda al conjunto con texto alternativo al proyecto de ley que debe ser aprobado hoy por el Congreso Congreso reformar su normativa con la intención de establecer el libre uso del euskera, catalán y gallego en todas las actividades parlamentarias. El PP considera que esta iniciativa vulnera el artículo 3 de la Constitución Español que establece el castellano como única lengua oficial de todo el territorio del Estado.

“La Constitución española no ha ideado un sistema de cooficialidad para todas las lenguas en todo el territorio español. Por el contrario, ha configurado un modelo de oficialidad única del castellano en todo el territorio y de cooficialidad del español”. y la lengua cooficial correspondiente en el territorio.” de la respectiva comunidad autónoma”, señala el popular en la exposición de motivos de su enmienda.

Así, “la atribución a lenguas españolas distintas del español de estas lenguas oficiales no se ajusta al artículo 3.1 de la Constitución, que establece el español como lengua oficial del Estado, ni al artículo 3.2, que limita la lengua oficial naturaleza del resto de las lenguas españolas al territorio de la respectiva comunidad autónoma”

De esta forma, la propuesta de reforma del Reglamento “excede el ámbito territorial de oficialidad” y “desplaza y desactiva la oficialidad del español como lengua oficial del Estado”.

La iniciativa, por tanto, añaden, no satisface la oficialidad del español “con la traducción de una intervención o documento al español”. En opinión del popularesto sólo se consigue “con el uso del español como único idioma oficial de la institución”, mientras que el Congreso es una institución “del Estado” y por tanto “tiene como único idioma oficial el del Estado, es decir, el español”. “.

sentencia del TC

El PP cita la sentencia 31/2010 del Tribunal Constitucional que en su fundamento jurídico 21 señala: “Tratándose de órganos constitucionales o jurisdiccionales de naturaleza y alcance exclusivamente estatal (…) hay que tener en cuenta que, con independencia de la lugar donde tiene su sede y desde donde reciben el impulso para actuar, su actividad se desarrolla con referencia no a una Comunidad Autónoma concreta, sino a todo el territorio nacional, por lo que la cooficialidad lingüística no puede tener cabida en ellos.

Siguiendo este argumento, la enmienda del PP aboga por el “respeto y promoción” de todas las lenguas cooficiales por parte del Estado pero insiste en que ello no implica “extender los efectos de la oficialidad fuera del ámbito de la Comunidad Autónoma”.

Tampoco están de acuerdo con la apelación a la “deseable convivencia democrática” que exhibe la propuesta de reforma del Reglamento, insistiendo en que ésta “no permite alterar el sistema lingüístico diseñado en la Constitución”. Y señalan que “sólo dentro del respeto a la Norma Fundamental (…) se podrá lograr la convivencia democrática”.

Señalan también que la propuesta de reforma del Reglamento que se pretende aprobar hoy “no regula los procedimientos y mecanismos de traducción e interpretación que permitan una comprensión adecuada por parte de los diputados y de los ciudadanos a quienes representan de las intervenciones, escritos y actuaciones que se llevan a cabo.” producir en idiomas distintos del español”. En este sentido, se incluyen los argumentos ya esgrimidos por abogados del Congreso que advierten de la “inmediatez” de la actividad parlamentaria, algo que no garantiza un procedimiento de traducción verificada, ni la necesidad de que todos Los diputados seguirán “con precisión precisa” procedimientos como las preguntas orales en las sesiones de control al Gobierno.

El PP señala también que la iniciativa “no surge del deseo de acuerdos”, sino de “los acuerdos adoptados por un grupo político con grupos minoritarios, con el único objetivo de recabar los apoyos necesarios para obtener la presidencia del Congreso y para una eventual investidura de Sánchez”.

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