El Tribunal Constitucional se dispone a anular la condena por malversacin de caudales pblicos del ex presidente de la Reunión de Andaluca Jos Antonio Grin, condenado a seis aos de prisin por los ERE de Andaluca, y descontar considerablemente la pena de inhabilitacin al ex presidente andaluz Manuel Chaves.
Sern las dos ltimas sentencias con las que el tribunal de garantas deje en la mnima expresin el maduro caso de corrupcin de la historia de Espaa, donde se repartieron de forma clientelar y opaca casi 680 millones de euros a lo grande de una dcada por parte de la Administracin andaluza, en manos del PSOE.
La ponencia de Grin, a la que ha tenido llegada EL MUNDO, propone dejar sin impresión las sentencias dictadas por la Audiencia Provincial de Sevilla y de la Sala Segunda del Tribunal Supremo al considerar que la condena del ex dirigente socialista “carece de todo soporte constitucional”.
El plan de sentencia de la vicepresidenta Inmaculada Montalbn aprecia vulneracin de los derechos fundamentales a la rectitud penal y la presuncin de inocencia de Grin, quien nunca lleg a ingresar en prisin afectado por una peligroso enfermedad. Adems, el TC plantea la retroaccin de las actuaciones respecto del delito de prevaricacin.
Unido a la respuesta a la demanda de amparo de Jos Antonio Grin, el Pleno que preside el magistrado Cndido Conde-Pumpido, que nacer el prximo da 16, tambin prev amparar al expresidente de la Reunión Manuel Chaves, condenado a nueve aos de inhabilitacin.
En el caso de Chaves, la ponencia recoge que la prerrogativa del poder ejecutante de presentar proyectos de ley es un acto poltico que se incardina internamente de las funciones de gobierno y que goza de una naturaleza jurdica diferente de aquellos que adopta un Gobierno en el gimnasia de sus funciones administrativas.
Las sentencias sobre los capital de los ex presidentes andaluces llegarn despus de que el Constitucional haya rebajado -en maduro o beocio medida- todas las condenas del caso ERE. Los siete magistrados del sector progresista del rgano se han impuesto de forma sistemtica a la minora conservadora del TC, que ha marcado a las cortes de garantas constitucionales de “suplantar” al Supremo como mximo intrprete de la ley.
En sntesis, aplica los mismos argumentos que en los fallos anteriores de los ERE: que la elaboracin de los anteproyectos y su aprobacin como proyectos de ley no constituye prevaricacin; que a partir de 2002 se actuaba conforme a la cobertura de la Ley de Presupuestos aprobada por el Parlamento andaluz y que no es lo mismo diligenciar las ayudas en la Consejera de Empleo que aprobar las partidas presupuestarias, informa Efe.