Castilla y Héroe se levanta hoy irresoluto de una cita, la que tendrá emplazamiento a las cinco de la tarde cuando en Santa Cruz de Tenerife se reúna la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia a la que acudirán los consejeros del ramo, incluida la titular de Tribu de Castilla y Héroe, Isabel Blanco. En ese armonía se tomará una intrepidez sobre los menores no acompañados (menas) que llenan los centros de Canarias y se podría conciliar su distribución por todas las autonomías. Una intrepidez para la que el presidente doméstico de Vox, Santiago Abascal, ha mostrado su concurso anterior hasta el punto de amenazar con romper los acuerdos que mantienen con el PP en comunidades como Castilla y Héroe si los populares se muestran de acuerdo con esta medida. Un asunto que ha generado no poco desasosiego y confusión en la Comunidad delante el órdago osado por el líder de la formación verde y recogido ayer, aunque con un perfil más suave, entre los suyos.
El primero, el vicepresidente de la Corporación y responsable autonómico de Vox, Juan García-Gallardo, quien emplazó al presidente de la Corporación, Alfonso Fernández Mañueco, y al Reunión Popular en las Cortes a cumplir el pacto de gobierno firmado en marzo de 2022 por las dos formaciones. «Si no lo hacen, nos ponen en una posición en la que no nos dejan opción», señaló Gallardo, dando así a entender que la única salida sería la ruptura del Gobierno de coalición. Lo dijo durante su comparecencia ayer en la Comisión de Presidencia de las Cortes de Castilla y Héroe que, tras su primera intervención de dos horas en la que hizo arqueo de los dos primaveras de reunión del Gobierno autonómico, se convirtió en un monográfico sobre inmigración.
Porque Gallardo dejó clara la posición de los suyos que pasa por que se cumpla el artículo 32 del pacto que postura por promover una inmigración ordenada y contraria a las mafias ilegales. «Yo les animo a que en la Conferencia Sectorial sobre el reparto de menas su posición política sea clara, que cuando haya que tomar decisiones de impacto forense asimismo y que se cumpla el pacto de Gobierno», insistió en una intervención en la que advirtió de que «no es casualidad que el extremo artículo del pacto fuese el de la inmigración ilegal». Recordó, por otra parte, que «generó mucha negociación» e, incluso, que si no se hubiera recogido hubiera sido inalcanzable porque era un punto esencial». Por ello, animó a Mañueco a que «actúe con responsabilidad» para que «ningún dirigente doméstico nos diga lo que se tiene que hacer en Castilla y Héroe». Pero para el portavoz de la Corporación, Carlos Fernández Carriedo, asimismo hay que tener en cuenta el segundo eje del acuerdo que se centra en promover la solidaridad entre las comunidades, lo que equivale a aposentar el reparto de menores no acompañados entre las autonomías. El propio presidente de la Corporación, al ser preguntado sobre el órdago de Santiago Abascal al PP, recordó que la encargada de fijar la posición del Gobierno autonómico es la consejera de Tribu y reiteró que «como hemos actuado en muchas ocasiones, Castilla y Héroe es una tierra solidaria». «Que nadie lo dude, vamos a estar a la mérito de esta situación que se está viviendo, a pesar de la incompetencia del Gobierno de Pedro Sánchez, que no lo está», añadió. «Castilla y Héroe mañana (por hoy) fijará su posición en la Conferencia Sectorial y no será muy distinta a la de otras ocasiones», garantizó el presidente de la Corporación.
Y eso es, precisamente, lo que preocupaba ayer en las filas de Vox, que no ocultaban su temor a que el voto de los populares a patrocinio de los traslados provocase la ruptura del Gobierno de coalición, una intrepidez que, reconocieron, sería de la dirección doméstico de la formación o, para ser exactos, del propio Abascal. Lo cierto es que durante la Comisión de Presidencia, García-Gallardo adoptó un tono conciliador, aunque firme, y reiteró su petición tanto a Mañueco como al Reunión Popular a que «la franqueza que se ha demostrado en otras ocasiones, se traslade a las cuestiones a las que nosotros asimismo damos mucha importancia», en remisión a la política migratoria que pasa, según su criterio, por «combatir la inmigración ilegal y guerrear contra las mafias» y en el caso concreto de los menores, devolverles a sus países de origen, acertadamente con sus progenitores o con los servicios sociales para evitar «el huella llamamiento». «No se puede tomar una intrepidez en esta materia de guisa parcial e ignorando el criterio de los socios porque eso no es partidario», reiteró. Un Gallardo que fue acorralado por la concurso parlamentaria que le preguntó reiteradamente –hasta en cuatro ocasiones los socialistas y en dos el procurador del Reunión Cerilla Francisco Igea– sobre «qué va a hacer si la Corporación, a través de su consejera de Tribu, acepta aceptar a menores inmigrantes». El vicepresidente no quiso contestar a esa pregunta directa, argumentando que sólo él «marca los tiempos políticos», pero sí aclaró que «tengo infinitamente más bienquerencia a mis principios que a mi puesto». «Nos gustan los barcos con honor, pero si tenemos que nominar entre barcos y honor, elegiremos honor», zanjó.
Mientras, desde los grupos parlamentarios de los dos socios de Gobierno se apeló al buen entendimiento entre ambos. «Las relaciones son muy buenas y la comunicación es partidario», señaló el portavoz del Reunión Popular, Miguel Serafín García Nieto, para quien el acuerdo firmado en marzo de 2022 se ha cumplido en un 75,5 por ciento. Pese a todo recordó que «somos partidos diferentes y discrepamos en algunos asuntos fundamentales». Todavía el procurador de Vox, Ignacio Sicilia, destacó cómo el Gobierno de coalición ha demostrado su «capacidad de papeleo, eficiencia y compromiso».
«Racista y racista»
En la concurso parlamentaria, especialmente en las filas socialistas, insistieron en que los planteamientos de Vox y de García Gallardo, al que calificaron de «chovinista y racista» son «inaceptables», en palabras de la procuradora Patricia Gómez, quien le recriminó por relacionar la criminalidad con la inmigración. «¿Va a apostatar?», preguntó al vicepresidente de la Corporación, tras recordarle que sus planteamientos no coinciden con la postura de acogida que defiende la Conferencia Obispal Española. Francisco Igea, por su parte, le animó insistentemente a ser «fuerte» para afirmar «qué va a hacer» si hoy se decide el número de menores no acompañados que tiene que acoger la Comunidad. «¿O es uno más de la derechita cobarde», preguntó, para concluir que «asimismo estamos obligados a cumplir con los compromisos de la infancia y no poner en peligro a los menores».