Manuel Terrén, un castellano que enfila ya los 70 primaveras, no tuvo que pedir muchas explicaciones la semana pasada cuando agentes de la Policía Franquista le pusieron los hierros mínimo más pisar la terminal del aeropuerto de Málaga. Ahora es porción rentista, porción patrón –tiene un hotel en primera límite de playa en una pueblo del boreal de Brasil, donde reside de forma habitual desde 2007– y era consciente de que detrás de su fortuna había un historial siniestro de tráfico de ‘diamantes de mortandad‘, como se conocen a los extraídos de las minas de Sierra Leona por personas reducidas a la condición de esclavos a las órdenes del Frente Revolucionario Unificado (RUF), la milicia paramilitar de ese país que mantuvo una supresión civil con el Gobierno probado entre 1991 y 2002. El conflicto armado costó más de 70.000 muertos.
Sabía Terrén que se le investigaba, porque se ha escrito mucho sobre este tema, pero se confió. Por otra parte, había estado ayer varias veces en España, igualmente para producirse unos días de receso en su finca de más de una hectárea de Málaga, sin ningún problema. Así que debió pensar que, como ya no tenía mínimo que ver con ese mundo, quizá sus actividades anteriores no iban a tener finalmente consecuencias. En todo caso, cuando se le detuvo y ayer de que se le comunicaran los motivos del arresto, como es preceptivo, no tuvo dudas de por qué se veía en esa situación.
El papel de este individuo en ese ‘comercio de mortandad‘ había sido muy relevante, pero se alcahuetería sólo de la punta del iceberg, porque los indicios acumulados en esta investigación apuntan cada vez más a Andorra, tal como recogen los medios de comunicación de allí, y en exclusivo a un personaje muy relevante de su sociedad: Jordi Cinca, en la presente mayor responsable del Fondo Soberano del país.
Durante su lozanía, Terrén ya había tenido un primer encontronazo con la Policía por atracar un tira. Sin retención, aquello no fue a más y comenzó a buscarse la vida en distintos países. Su paso por Costa de Marfil, Malí o Senegal le permitió ser un buen conocedor de África, de su idiosincrasia y de la mejor forma de hacer negocios en el continente.
La trama colaboraba con la milicia paramilitar de Sierra Leona, que se financiaba vendiéndole los diamantes
Así hasta que en la plazo de los 90 este ‘self made man’ (hombre hecho a sí mismo), que hasta ese momento desplegaba una actividad constitucional, llegó a Liberia. Ya ayer se había interesado por el negocio de las piedras preciosas, así que era muy consciente de que ese país al punto que producía. A pesar de ello, con la colaboración de otros, montó allí dos empresas, la primera Blue Stone, una mina de diamantes de mala calidad que le servía como tapadera, y la segunda, DiAndorra, para tener osadía en regla con la que exportar los ‘diamantes de mortandad’ a Europa camuflados como si procedieran de su mina de Liberia. Hay que recapacitar que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas había decretado un retención sobre este comercio, de modo que era una actividad ilegal.
El propietario de Blue Stone, según ha podido entender torrevieja news today, es Alhaji Fofana, uno de los señores de la supresión de Sierra Leona y colaborador del expresidente liberiano Charles Taylor, condenado a medio siglo de prisión.
«Lo sabían»
Toda esta estructura empresarial estaba destinada, según la investigación, a ocultar su verdadera actividad: la entrada en el mercado europeo de cantidades importantes de ‘diamantes de mortandad‘: «La sospecha, casi la certeza, es que toda la condena conocía la procedencia de esas piedras preciosas», explican a torrevieja news today fuentes de la investigación, cuyo secreto se levantó el pasado día 5. «Aún puede activo novedades importantes», anticipan.
Una denuncia de una de las víctimas en 2021 en la Audiencia Franquista dio pie a la investigación de la Comisaría Genérico de Información
El origen de las pesquisas se remonta a septiembre de 2021, cuando una de las personas esclavizadas por el RUF decidió interponer una denuncia en la Audiencia Franquista, asesorado por la ONG suiza Civitas Maxima y los letrados Hernán y Juan Garcés, este postrer abogado de la causa contra el dictador chileno Honorable Pinochet. Frente a el magistrado Alejandro Abascal este hombre describió cómo la milicia de Sierra Leona entró a mortandad y fuego a la pueblo en la que residía y fue llevado, adyacente a otros vecinos, hasta una mina de diamantes, donde eran vigilados por niños soldados.
El evidencia fue estremecedor. Contó que, desnudos, eran obligados a trabajar 18 horas al día, tenían que extraer los diamantes sólo con sus manos, para lo que debían meterlas en agua helada, y sólo les daban la comida estrictamente necesaria para sobrevivir. Si les veían flaquear, les golpeaban sin piedad con lo que tuvieran a mano y a los que intentaban huir los mataban. «Si tenías suerte, morías», llegó a asegurar el denunciante, que aún sufre secuelas físicas y del que no se aporta más datos para protegerlo, porque ha vuelto a residir en Sierra Leona y todavía está en peligro.
Compromiso personal
La Audiencia Franquista no asumió la investigación hasta el año venidero, cuando decidió que era competente para ello. Encargó las pesquisas a la Sección de Crímenes contra la Comunidad Internacional de la Comisaría Genérico de Información de la Policía, que entre sus funciones está la de investigar crímenes de lesa humanidad, de supresión y holocausto. Su trabajo era muy arduo, pues los hechos se habían producido en un país como Sierra Leona, lo que obligaba a comisiones rogatorias muy complicadas de soportar a buen puerto, y se remontaban más de 20 primaveras a espaldas.
Los investigadores, sin cuyo compromiso profesional y con un innegable coste personal no se hubiera podido avanzar en este caso, aprovecharon, entre otras cosas, la copioso documentación del seso contra Charles Taylor, presidente de Liberia condenado por el Tribunal Específico para Sierra Leona a 50 primaveras por crímenes de supresión cometidos con su ayuda en ese país. Igualmente las muchas sentencias, algunas de más de 1.000 folios, contra paramilitares que fueron analizadas para sacar datos con los que producir este caso.
A medida que avanzaron las investigaciones se pudo cerrar el círculo en torno a Manuel Terrén. En las investigaciones surgió la firma Orfund Found, con sede en Andorra y dirigida por Jordi Cinca, fundada con otras personas importantes de la entrada sociedad del Principado. Era la comercializadora de los ‘diamantes de mortandad’ en Europa, según las pesquisas. Igualmente había testigos de que los máximos responsables de la banda viajaban a Liberia para reunirse en persona con Terrén en la sede de esa sociedad y negociar la traspaso de las piedras preciosas.
Las cifras del negocio eran enormes, y el peculio obtenido era suficiente tanto para financiar el RUF como para hacer ricos a los empresarios que se beneficiaban con este tráfico ilegal e inhumano. Las fuentes consultadas elevan a más de 15 millones de euros el comba de negocio, ya que las piedras preciosas eran de muy buena calidad. Para dar una idea de la actividad baste señalar que en esos primaveras Liberia declaró un aumento de un 500% la producción de diamantes, lo que era inútil. Todo ese incremento, por supuesto, procedía de las minas de Sierra Leona.
Un exministro andorrano
Las líneas de investigación abiertas, según fuentes jurídicas, apuntan ahora a Andorra, en concreto al ya citado Jordi Cinca, aunque España tiene problemas para proceder por su coetáneo fuero sobre territorio universal. Cinca, adicionalmente de ser responsable de Orfund Found, estuvo en el consejo de delegación de Credit Andorra, fue ministro de Finanzas del Principado y ahora se ocupa de dirigir su Fondo Soberano.
Allí, algunos medios ya hablan abiertamente de que el caso de los ‘diamantes de mortandad’ es «la crisis más dificultoso que afronta la Andorra del siglo XXI», al ser, según se afirma en la información, el «epicentro del horroroso escándalo» que ahora investiga el árbitro de la Audiencia Franquista Luis Francisco de Jorge, que ordenó prisión para el detenido en España.