El PP y Vox han ratificado este jueves la Ley de Concordia de la Comunidad Valenciana con la que se deroga la norma de Memoria Democrática. Los socios de gobierno de la Generalitat han sumado sus 53 diputados frente a los 46 de la concurso del PSPV-PSOE y de Compromís en pleno órdago del presidente de Vox, Santiago Abascal, sobre la ruptura de la coalición.
La aprobación de la Ley de Concordia culmina el primer paquete de reformas legislativas del Ejecutante que preside Carlos Mazón cuando está a punto de cumplirse un año de su constitución y se prevé que se convertirá, de grande, en la más controvertida.
De hecho, la secretaria universal del PSPV-PSOE y ministra de Ciencia, Diana Morant, ha asistido al pleno de las Cortes Valencianas para anunciar la presentación de un apelación del Gobierno frente a el Tribunal Constitucional contra la norma, que ha rebautizado como la «Ley de blanqueamiento del franquismo».
La Ley de la Concordia puede convertirse en el zaguero hito del Gobierno valenciano del Partido Popular y Vox en el caso de que finalmente el pacto salte por los aires por las discrepancias respecto al acogimiento de menores extranjeros no acompañados.
Imagen de la secretaria universal del PSPV-PSOE y ministra de Ciencia, Diana Morant, tomada este jueves en las Cortes Valencianas
El PP y Vox defienden que el articulado de la Ley de Concordia la convierte en una ley «restaurativa por encima de revanchismos» que garantiza la «lucha contra el antisemitismo, el antigitanismo y la chovinismo», adicionalmente de recordar a las víctima del terrorismo.
La nueva carta contempla prolongar tanto las exhumaciones de víctimas de la dictadura franquista como los catálogos de vestigios.
Al respecto, el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha subrayado que «la diferencia» entre la Ley de Memoria Democrática del aludido gobierno de izquierdas y la de Concordia es que su Ejecutante, corroborar «los derechos de todas las víctimas de violencia política». «Nosotros ratificamos los derechos de todas las víctimas de violencia política, de todas», ha remarcado.
Tras ello, ha aludido al regidor del PP en Ermua, Miguel Donosura Blanco, asesinado por ETA en julio de 1997, y ha dicho que si hubiera nacido en Castellón, con la Ley de Memoria «no sería víctima de violencia política», poco que si que se le reconocería con la Ley de Concordia del flagrante gobierno de la Generalitat Valenciana.
Diana Morant, por su parte, ha lamentado que «se ha culminado la infamia que llevaba meses encima de la mesa, la infamia de una propuesta de ley del Partido Popular y de Vox en la Comunitat Valenciana que por primera vez convertía en ley el enyesamiento del franquismo».
La incluso secretaria universal de los socialistas valencianos ha insistido en que la Ley de Concordia «iguala a las víctimas con los verdugos, infringe los derechos fundamentales y los derechos humanos de las víctimas del franquismo, de la dictadura, de la extirpación, tal y como dice incluso la ONU».