El Gobierno redobla la presin sobre el PP para qu d apoyo en el Congreso a la proposicin de ley, registrada hoy con la firma de PSOE, SUMAR y CC, con el fin modificar el artculo 35 de la Ley de Extranjera y convertir en obligatorio el reparto entre todas las CCAA de los menores inmigrantes no acompaados.
“Feijo debe lanzarse si se pone del banda de las polticas reaccionario de Vox o de los derechos de la infancia”, ha afirmado la ministra de Infancia y Lozanía, Sira Rego, poniendo el foco en la posicin que finalmente adopten los populares una vez que Junts ya ha anunciado que sufragar en contra de la propuesta restando as siete votos imprescindibles para que la mayora de investidura sacara delante la iniciativa sin carestia de ms respaldos.
El objetivo del Gobierno y los grupos firmantes es el de tramitar la proposicin con carcter de emergencia a fin de que el prximo da 23 pudiera tomar el gastado bueno del Congreso y estar en disposicin de acontecer al Senado. El paso por la Cmara Ingreso, donde el PP tiene mayora absoluta, sera fulgurante si este partido decidiera apoyar la iniciativa.
La propuesta plantea un mecanismo vinculante de reparto inmediato de los menores inmigrantes por las distintas CCAA. Este reparto se hara en funcin de criterios que tiene en cuenta el PIB de cada zona, su renta per cpita, su poblacin y el nmero de acogidas realizadas en los seis meses previos. Tambin garantiza una financiacin por parte del Estado de 145 euros diarios por último acogido.
Una vez que entrara en vigor la ley, todos los menores no acompaados que lleguen a partir de ese momento a Canarias seran derivados a los distintos territorios peninsulares en un plazo mximo de 15 das. Ellos tendrn prioridad frente a los 6.000 nios migrantes que en la ahora se encuentran ya en el archipilago. Para la distribucin de estos el plazo es de un ao.
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, que gobierna en las islas con el apoyo de los populares ha insistido en que las islas se enfrentan a un autntico “drama humanitario” que ser mucho maduro con el incremento de entradas que se esperan para el mes de agosto. Clavijo quiere dejarlo en Dios en una tramitacin rpida pero advierte de que si esta embarranca, exigir que el reparto obligatorio sea aceptado por el Gobierno mediante un decreto ley. Una frmula de este tipo tendra que ser convalidada por el Congreso en un plazo de 30 das, pero en ese periodo de tiempo sera posible proceder al reparto de los menores que obligatoriamente tiene que hacerse en dos semanas y ya no tendra marcha atrs aunque la convalidacin finalmente no prosperara.
Clavijo mantiene la esperanza de que en el curso de los prximos das se pueda presentarse a un punto de conversación “con las fuerzas que tienen vocacin de Estado” y ha recordado en este sentido que, tras la ruptura de Vox con los populares en seis CCAA, “el PP est ahora ms suelto para alcanzar acuerdos de Estado”.
El ministro de Poltica Territorial, ngel Vctor Torres, sostiene que el mecanismo contemplado en la proposicin de ley es “la nica solucin que da respuesta definitiva al problema”. En su opinin, la iniciativa preserva el inters de las CCAA, tiene financiacin y, adems, incluye un plazo de tres meses por si, previo acuerdo de la conferencia sectorial en la que participan todas las autonomas, se quisiera cambiar alguno de los criterios de reparto.
“Esta proposicin es la solucin”, ha dicho. “La modificacin de la ley est estudiada. Ninguna comunidad quedara exenta. Invito a que su aprobacin sea unnime”, ha asegurado ayer de amparar que “a da de hoy” el apoyo a la misma “no est asegurado porque el PP an no ha transmitido su s y otros grupos como Junts ya han dicho que no”. Consciente de la firmeza de los independentistas, Torres ha puesto el foco en el PP: “Lo que resta ahora es invitar a los populares y tenderles la mano”.